Desde septiembre de 2014, cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia sobre los topes de indemnización en caso de despido improcedente interpretando a su manera la reforma laboral que se acababa de aprobar, las críticas arreciaron entre juristas, patronales y Tribunales Superiores de Justicia. Un año y medio después, el propio Supremo unifica doctrina rectificando de hecho su primera interpretación de la Disposición Transitoria quinta de la reforma laboral.

La clave se encontraba en los topes de indemnización por despido improcedente para todos aquellos trabajadores que hubieran cotizado por más del máximo indemnizatorio, 720 días de salario, antes del 12 de febrero de 2012 (momento de la entrada en vigor de la reforma laboral). Mientras la reforma laboral parecía indicar que, en esos casos, la indemnización sería los días que salieran del cálculo anterior a febrero de 2012 con un tope de 42 mensualidades,  el Tribunal Supremo (TS) sentenciaba en 2014 que estos trabajadores, en vez de quedarse con esa cifra como tope, siguieran siendo acreedores a superar ese límite indemnizatorio que se sustituye por el de 42 mensualidades.

“Con esta interpretación legislativa tan arriesgada y carente de motivación, en aquel momento algunos consideraron que el Tribunal Supremo, aparte de velar por los derechos indemnizatorios que los mencionados trabajadores ya pudieran tener antes de la reforma laboral, parecía querer ir más allá extendiendo el efecto ‘endulzante’ de la Disposición Transitoria sobre la reforma laboral velando también por las meras expectativas indemnizatorias de futuro que se hubieran generado, lo que a priori no parece encajar con el espíritu de la norma, aunque la literalidad de la misma pudiera llegar a parecer a algunos ambivalente”, reflexiona Clara Marín, abogada y Associated Partner en Rödl & Partner España.  

De hecho, varios Tribunales Superiores de Justicia, como el del País Vasco, se han apartado de la línea marcada por el Supremo, haciendo caso omiso a su sentencia de 2014. La inseguridad jurídica que esto iba a suponer durante todo este tiempo estaba servida.

Porque no todo el mundo entendió la sentencia del Supremo de la misma manera. Incluso ahora, con la sentencia de unificación de doctrina que parece haber zanjado la polémica, hay quien no ve exactamente que esta sea una rectificación del TS. “No hay duda que el Supremo ha tenido por objeto clarificar su doctrina respecto al alcance de la Disposición Transitoria quinta de la reforma laboral”, apunta Antonio Pedrajas, Socio-Director de Abdón Pedrajas & Molero. “Sobre todo cuando la sentencia de 2014, más allá de unos cálculos aritméticos que podían inducir a error, no introducía en sus fundamentos de derecho argumentos que sustentasen una interpretación distinta de la indicada norma transitoria”, asegura.

Así que, parece, la controversia durante todo este tiempo ha sido más una discusión jurídica que un problema para las empresas a la hora de calcular el coste de un despido improcedente, sobre todo teniendo en cuenta que el tope máximo de indemnización en cualquier caso era de 42 mensualidades. “Esta incertidumbre que causó la sentencia del Supremo de 2014 afectaba, en realidad, a muy pocos casos. Tenía que darse la circunstancia de ser un trabajador con más de 30 años trabajados en la empresa y causar despido improcedente. Casi no se dan estos casos”, reconoce Jordi García Viña, Director de Relaciones Laborales de la patronal CEOE. “Eso sí, siempre he entendido que los topes indemnizatorios estaban muy claros: 42 mensualidades en cualquier caso. Creo que el Supremo ha hecho un viaje de ida y vuelta, dándose cuenta de que su interpretación de 2014 estaba equivocada”, remacha García Viña.