La Confederación Española de Abogados Jóvenes, como representante institucional de más de 50.000 jóvenes abogados españoles, se suma al resto de la Abogacía Española en su repulsa al preacuerdo hecho público en el día de ayer por parte de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE de “retornar a todos los nuevos inmigrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas, haciéndose cargo la UE de los costes”.

Aplicar una medida de este tipo de manera indiscriminada y general, sin diferenciar, proporcionar y garantizar refugio a potenciales solicitantes de asilo, supone una vulneración absoluta del Ordenamiento Jurídico Internacional  (Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios Tratados de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales, o las Constituciones de los Estados Miembros) y  por ende, del Derecho Internacional y Europeo al que están sometidos todos los países de la U.E., lo que haría que dicha Unión, como sujeto garante de los Derechos Humanos, principio fundamental e inspirador de todo el ordenamiento comunitario,  perdiera toda su credibilidad.

La Unión Europea está obligada por estas leyes a proporcionar y cuando menos, a estudiar de manera personalizada e individualizada, cualquier solicitud de asilo para todos aquellos seres humanos que lo soliciten, lo que choca frontalmente con una expulsión colectiva como se pretende con la firma de dicho preacuerdo, totalmente prohibida por el Sistema Internacional y Europeo de Derechos Humanos. De esta manera, queda completamente vacío de contenido el principio de solidaridad entre  los pueblos.

Desde CEAJ y junto al resto de la Abogacía Española, nos sumamos al llamamiento hecho a todo el mundo del Derecho y a todos los operadores jurídicos, a manifestar su más rotunda y radical repulsa a semejante ataque al Sistema Internacional de los Derechos Humanos, reclamando a las Autoridades Españolas que no den su consentimiento ni apoyo a esta decisión de las Instituciones Europeas, convirtiéndose en cómplices de esta flagrante  vulneración del Ordenamiento Jurídico Internacional y Comunitario, sin precedentes en los tiempos democráticos recientes de la Unión Europea.