El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata
ha admitido a trámite una querella presentada por dos particulares, socios
de Bankia, contra una veintena de responsables de Cajamadrid por la
concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones
sobrevaloradas entre 2003 y 2009.
La querella se interpuso por delitos de estafa,
administración desleal, asociación ilícita y otros que puedan aparecer en el
transcurso de la investigación.
En principio, el juez comenzará tomando
declaración como investigados al entonces presidente Miguel Blesa, a
Ildefonso Sanchez Barcoj como responsable de la Dirección General Financiera
y de Medios, al ex gerente de riesgos, Ramón Martínez Vilchez, y al ex
director general de Tasaciones Madrid, Ignacio de Navascués.
Además, el magistrado requiere a Bankia, como
sucesora de Caja Madrid, que le certifique quienes integraban entre 2003 y
2009 el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, la Comisión de
Control, la Dirección General Financiera y de Medios y la Gerencia de
Riesgos de la entidad.
La querella relata las conductas acontecidas en
Cajamadrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la
crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo
que los querellantes califican de "práctica sistemática de sobrevalorar
inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión
de préstamos que no debieron haberse concedido".
La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la
admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica
de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos no tenían
relevancia penal.
En un auto notificado hoy, el juez argumenta que
procede investigar esas conductas y que, de tener relevancia penal,
encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, en tanto
que los hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía
nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas
millonarias a la entidad.
De la Mata añade que "el hecho de que la
sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros
países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la
crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin
embargo justificar cualquier práctica".
Después de incorporar un informe de la
Inspección del Banco de España, el magistrado concluye que en esta fase
inicial se sustenta indiciariamente que la tasadora del grupo, Tasaciones
Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima
del precio de los mismos; "que al abrigo de estas sobretasaciones se
concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100 % del precio de
compraventa de los inmuebles hipotecados; que se concedían préstamos
hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales
de residencia y trabajos de uno o dos años de validez; y, por ende, que
debido a estos factores derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo
que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora
comparada con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, la
acumulación de pérdidas para la entidad".
En relación con las mencionadas pérdidas, el
juez recuerda la posición destacada de Bankia en el mercado financiero
español, que llegó a tener millones de clientes y un negocio crediticio de
186.000 millones de euros, así como el impacto que ha originado en el
sistema económico español su situación financiera "y los miles de millones
de caudales públicos que han debido de ser inyectados en la misma para
sanearla".
Para iniciar la investigación, el magistrado
requiere a Bankia numerosa documentación, entre otras los documentos sobre
su política de "scoring" o sistema de evaluación ante las solicitudes de
préstamos en los años cuestionados, así como informes de tasaciones
realizados por Tasa Madrid.