El Colegio de Abogados de Girona (ICAG) denuncia que el mal funcionamiento de la sede electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas -una plataforma virtual en la que la administración pública las resoluciones relativas a los expedientes abiertos por temas de extranjería- hace que muchos abogados no reciban las notificaciones de los casos en que trabajan y tengan dificultades a la hora de tramitar los expedientes. Este mal funcionamiento vulnera el derecho de defensa de sus representados.

Desde la puesta en marcha de esta sede electrónica, en el año 2014, el Ministerio de Administraciones Públicas utiliza exclusivamente este canal para notificar a los operadores jurídicos las resoluciones de los expedientes tramitados en temas de extranjería. Desde reagrupamientos familiares, hasta permisos de residencia o cualquier otro trámite que deba ser resuelto por la vía administrativa, tiene que pasar obligatoriamente por esta sede electrónica. Pero, a pesar de que en principio está previsto que, cuando la Administración publica una resolución, envíe al mismo tiempo un correo o un mensaje para notificarlo al letrado que lleva el caso, en la práctica esta formalidad no siempre se cumple. Además, el sistema operativo de la plataforma tampoco dispone de ninguna herramienta que alerte automáticamente al abogado cuando se publica una notificación relativa al expediente que tramita. Y, por si esto fuera poco, la complejidad del sistema de identificación de los expedientes dificulta aún más el acceso de los letrados a las notificaciones.

Cuando la Administración pone a disposición una notificación en la sede electrónica, si en un plazo de diez días el receptor no ha accedido a la notificación, ésta se tiene por realizada igualmente, por lo que empiezan a correr los plazos. Pero la sede electrónica no garantiza la recepción real de las comunicaciones, ni facilita un sistema de consulta que permita acceder a las mismas, pues la aplicación no dispone de ninguna funcionalidad que permita saber si hay alguna notificación pendiente de abrir, ni tampoco que permita moverlas a carpetas o gestionarlas, ni existe ninguna diferencia entre los documentos que ya se han abierto y el que no se han visto. Se trata de un sistema poco operativo que no ofrece la necesaria seguridad a los profesionales, dado que no permite conocer cuáles son las comunicaciones que tiene disponibles pendientes de notificar. Es indispensable que se garantice esta seguridad, en beneficio de los profesionales y de su representados. Por todo ello, el ICAG pide al Ministerio de Administraciones Públicas que solucione estas deficiencias.