El pasado 14 de enero, la CNMC envió al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación de varios artículos incorporados en el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015. A su vez, el pasado 9 de febrero, formuló un requerimiento al Ministerio de Fomento solicitándole la eliminación de varios artículos incorporados en la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre. (Ver nota de prensa, enero 2016)

Ninguno de estos dos requerimientos previos ha sido respondido ni motivado por el Ministerio de Fomento. En consecuencia, la CNMC ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo dirigido a mejorar ambas normas y remover las restricciones injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público.

La CNMC está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas y las normas con rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de promoción de la competencia efectiva y a la regulación económica eficiente. En este caso, la CNMC actúa en el marco del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Entre los principales obstáculos a la competencia establecidos en el Real Decreto y en la Orden Ministerial, que deben ser eliminados por no estar suficientemente justificados, se encuentran los siguientes:

• Límites cuantitativos a las licencias de VTC, obligación de contratación previa del servicio y prohibición de competir de forma directa en la vía pública.

• Restricciones geográficas a la prestación del servicio que fragmentan el mercado nacional.

• Establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar y una serie de restricciones innecesarias y discriminatorias para los nuevos entrantes relacionadas con la representatividad y la antigüedad de los vehículos.

Todas estas limitaciones son contrarias a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y en la Ley 3/2013 de creación de la CNMC.

Estas barreras carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general. En consecuencia, la CNMC considera que deben ser eliminadas en aras de un mejor funcionamiento de la economía española.