En relación con la información publicada por el diario El País, titulada “Ausbanc pagó a varios jueces por participar en sus cursos”, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad la siguiente declaración:

La participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible, según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

El Reglamento de la Carrera Judicial también establece que “el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la Carrera Judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos” (artículo 327.1).

Los cursos, conferencias o jornadas a los que hace referencia la información -todos ellos actos públicos a los que tuvieron acceso los medios de comunicación- tenían por objeto el debate sobre cuestiones de Derecho, motivo por el cual a los mismos eran invitados no sólo jueces, sino otros muchos profesionales, como fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, notarios, registradores , catedráticos de Universidad, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o responsables de Administraciones Públicas relacionados con los asuntos que allí se discutían.

La presencia de miembros de la Carrera Judicial en foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la Justicia contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad.

La Comisión Permanente quiere destacar que la integridad y profesionalidad de los jueces españoles es incuestionable, así como su compromiso con la Administración de Justicia y el Estado de Derecho.