Una jueza de Valencia eleva al Supremo la causa contra la senadora Rita Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa y el juez del ‘caso Imelsa’ remite al Tribunal Supremo la parte de la investigación por blanqueo que afecta a la senadora.

Denuncia por desobediencia por incumplir la Ley de Memoria Histórica

El Juzgado de Instrucción 16 de Valencia, que tiene abierta una causa por una denuncia contra la exalcaldesa de Valencia por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, ha remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada para que sea el Alto Tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga a Rita Barberá.

La magistrada considera que no es competente para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia contra Barberá por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar los símbolos franquistas de calles y edificios de la ciudad cuando era alcaldesa. Como senadora, Barberá está aforada ante el Tribunal Supremo, único competente para investigarla y juzgarla.

La exalcaldesa de Valencia fue denunciada en mayo de 2015 por tres personas (un diputado socialista, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y un abogado) por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio en los que habría incurrido por negarse a retirar de las calles de la ciudad escudos, insignias y placas con símbolos franquistas.

En junio, la titular de instrucción 16 se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) porque entonces Barberá era diputada autonómica y, por tanto, aforada ante el Alto Tribunal valenciano.

En septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó la inhibición del Juzgado de Instrucción 16 de la capital y le devolvió la causa tras recibir la acreditación de que la denunciada, desde el 22 de julio de 2015, ocupaba un escaño en el Senado.

El TSJCV, de conformidad con el criterio expresado por la Fiscalía, entendió entonces que la condición de senadora de la exalcaldesa, única denunciada, determinaba la "falta de competencia de esta Sala para pronunciarse sobre la admisión de dicha denuncia, al resultar competente la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Por tal motivo, el ponente, el magistrado José Francisco Ceres, acordó no aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción 16 en el que recayó inicialmente la denuncia contra Barberá y devolver a dicho juzgado las diligencias para que proceda conforme a Derecho.

La magistrada de Instrucción 16 solicitó entonces, en octubre, a la Cámara Alta la acreditación de que la exalcaldesa de Valencia es senadora. Esa petición no fue respondida. Cuatro meses después, en marzo, el Juzgado de Instrucción 16 ofició de nuevo al Senado para reiterar la petición de la información que necesitaba la magistrada antes de resolver si enviaba la causa al Tribunal Supremo.

Recibida esa información, la magistrada, de conformidad con el criterio del fiscal y apelando a la resolución del TSJCV, que ya dijo que el competente era el Tribunal Supremo, ha acordado elevar las diligencias a la Sala de lo Penal del alto tribunal.

‘Caso Imelsa’

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Alto Tribunal por su condición actual de senadora.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El magistrado considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevar exposición al Tribunal Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la parlamentaria nacional.

Señala el juez, no obstante, que ni las dos investigadas (imputadas según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

En su escrito, sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Barberá, apunta el juez, era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal. Existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

Silencio significativo y dinero opaco

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Sobre este extremo, explica que la “presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal” “son muy anteriores en el tiempo", pero considera “significativo” el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

El juez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal Miquel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por tanto, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Domínguez, como hiciera Barberá, ha rehusado la invitación para declarar voluntariamente pero ha presentado un escrito de alegaciones.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.