El Juzgado Central de lo Penal ha dictado hoy sentencia por la que ratifica el acuerdo de conformidad alcanzado entre los cuatro acusados, antiguos altos directivos de PricewaterhouseCoopers (PwC), la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria.

La sentencia condena por delitos contra la hacienda pública a quienes fueron en la época de los hechos, año 2002, presidente de la entidad PwC; presidente del Comité Ejecutivo y responsable de Operaciones para España; socio de la División Fiscal y Legal y el responsable de los Servicios Fiscales de Landwell.

En concreto, a los acusados se les condena a entre cuatro y seis delitos contra la hacienda pública en relación con el Impuesto de Sociedades de PwC SL; omisión de las retenciones de IRPF de las sociedades PwC Jurídico y Fiscal SL, PwC Asesores de Negocio SL, PwC Auditores SL y la antigua PwC Consulting SL; y un delito contra la hacienda pública en relación al IRPF del expresidente de la entidad. Las cuotas defraudadas ascienden a 17.153.250,36 euros.

Según la sentencia, las conductas que se han juzgado se refieren “a distintas operaciones llevadas a cabo por los acusados en el seno de las sociedades de la Red PricewaterhouseCoopers en España (…) con la finalidad de omitir los ingresos debidos a la Hacienda Pública derivados de las mismas”.

En concreto se ha juzgado la operación diseñada por los acusados en la venta de la División de Consultoría de PwC SL a IBM, omitiendo la debida tributación por el Régimen General en el Impuesto de Sociedades, con una cuota defraudada por importe de 10.238.430,48 euros. “Este diseño de aplicación en España –según el juez- aparentaba una segregación cuando la finalidad era proceder a su enajenación, buscando únicamente desprenderse de la consultoría sin pagar al erario público los tributos en nuestro país derivados de tal venta”.

Otra de las operaciones que se ha sancionado es la relativa a la omisión de las retenciones de IRPF debidas y del correlativo ingreso en el erario público por las sociedades donde prestaban sus servicios los socios PwC SL, -PwC Auditores SL, PwC Jurídico y Fiscal SL, PwC Asesores de Negocios SL y PwC Consulting SL- derivadas de la percepción de los citados socios en enero de 2002, de renta de trabajo por importe global de 20.969.168,09 euros (chairman bonus).

El magistrado se basa en informes emitidos por la AEAT según los cuales la omisión de declaración y el correlativo ingreso por cada uno de los socios por IRPF de 2002 de los beneficios obtenidos como consecuencia de la entrega de las cantidades correspondientes al denominado bonus chairman y la omisión de la declaración e ingreso de la diferencia entre el valor de adquisición de las nuevas participaciones asignadas de PwC Consulting SL y el importe de estas a IBM Global Services España SA no supera la cuota de 120.000 euros que prevé el Código Penal para sancionar la conducta, salvo en el caso del presidente Miguel Fernández Pinedo.

El juez aplica a los acusados la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber abonado las responsabilidades civiles, así como la de carecer de la cualidad de administrador, en relación con varios de los delitos.

La sentencia es firme porque cuando se anticipó oralmente el fallo ninguna de las partes expresó su voluntad de recurrir.