El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha advertido hoy, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, de que solo un nuevo modelo de organización permitirá que la Justicia sea más eficiente y ha invitado a los grupos parlamentarios a abrir una “gran reflexión” en la que se aborden las reformas estructurales pendientes, para lo que ha ofrecido la colaboración “leal y activa” del órgano de gobierno de los jueces.

Tras señalar que el incremento de unidades judiciales en las últimas décadas no ha supuesto una disminución de la pendencia y que la organización territorial de la Justicia española es la misma que se estableció en 1834, Lesmes ha recordado que hace tiempo que las instituciones nacionales e internacionales coinciden en el diagnóstico: la reforma debe afectar al modelo organizativo, apostando “por la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, como nuevo modelo para alcanzar mayores cotas de eficacia”.

Por ello, ha abogado por abrir una gran reflexión sobre la Justicia y diseñar un programa de reforma global que aborde la cuestión desde una doble vertiente: por un lado, la independencia judicial, carrera y estatuto del juez y, por otro, las propuestas de reformas estructurales.

El primer debate abordaría los aspectos de la actividad judicial –ingreso en la carrera, selección, formación, especialización, excelencia, protección social, código ético, responsabilidad, independencia, provisión de destinos, evaluación del desempeño, nombramientos, etcétera- que permitan situar a los jueces españoles en una posición reforzada para afrontar los retos del siglo XXI.

El segundo trataría de las reformas estructurales necesarias para la modernización de la Justicia: una nueva arquitectura judicial –con la consiguiente aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial-; la definitiva aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal –que defina el nuevo modelo de instrucción, las funciones instructoras del Ministerio Fiscal y las funciones del Juez de Garantías-; y la clarificación del modelo territorial de gestión de la Justicia, ultimando el proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas o planteándose su redefinición.

Lesmes también ha enumerado una serie de medidas que, a corto plazo, servirían para atender las necesidades de carácter más urgente. La primera de ellas es la creación de nuevos órganos judiciales, al menos en aquellos casos en que se haya detectado que el déficit estructural es grave.

Requieren asimismo una pronta actuación los órganos de la jurisdicción social, que se enfrentan a una situación “crítica”, así como los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil –necesitados de más medios tecnológicos y de personal funcionario con conocimientos en tramitación concursal-, y es preciso asegurar la continuación de la modernización tecnológica.

Panorámica de la Justicia

Pese a estas necesidades, el presidente del TS y del CGPJ se ha declarado “moderadamente optimista” al analizar la evolución de la situación de la Justicia española en el último año: en 2015 se resolvieron más asuntos que el año anterior, se finalizó con menos asuntos pendientes, los órganos judiciales están un poco menos congestionados y –con la excepción del Tribunal Supremo, que experimentó un fuerte incremento en la entrada de asuntos en las Salas de lo Civil y de lo Social- los tiempos de respuesta han mejorado con carácter general.

Así lo indican los datos del informe “La Justicia dato a dato”, que recoge información actualizada a 31 de diciembre de 2015 y que el presidente del TS y del CGPJ –formalmente convocado para presentar la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad de los tribunales en 2014- había facilitado previamente a los miembros de la Comisión de Justicia. El informe puede consultarse en la web del Poder Judicial .

“Esta tendencia positiva no nos puede hacer olvidar que hay situaciones difícilmente sostenibles en muchos de nuestros Juzgados y Tribunales”, ha añadido Lesmes, que ha destacado que “existe una excesiva carga de trabajo en nuestros órganos judiciales, pero lo más evidente es que esta carga está muy mal repartida, existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización”.

El presidente del Poder Judicial ha señalado, en este sentido, que cerca de un millar de los casi 4.000 órganos judiciales españoles no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo, mientras que otros 1.695 están por encima del 150 por ciento de ese indicador.

Entre los segundos figuran el 93 por ciento de los Juzgados de lo Mercantil, el 95 por ciento de los Juzgados de Primera Instancia y el 97 por ciento de los Juzgados de lo Social. En muchos de estos últimos, cada juez tiene que despachar más de 1.300 asuntos al año.

Junto a esas cargas de trabajo “inasumibles” y la insuficiencia de medios materiales, el presidente del TS y del CGPJ se ha referido al “evidente problema estructural” de la Justicia española, que carece de un modelo definido de organización territorial y de un demarcación y planta propias del siglo XXI.

“Existe un problema de modelo territorial en la gestión de la Administración de Justicia. Los procesos decisorios no están exentos de dificultades y, en ocasiones, observamos yuxtaposición y solapamiento de competencias. Por lo demás, el mapa de transferencias a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de Justicia no se ha completado y corremos el riesgo de padecer un Justicia de dos velocidades, según el territorio en el que residamos”, ha dicho Lesmes.

Balance de gestión del Consejo General del Poder Judicial

El presidente del TS y del CGPJ también ha hecho balance ante los miembros de la Comisión de Justicia de la gestión llevada a cabo en el actual mandato por el órgano de gobierno de los jueces, de la que ha dicho que se ha caracterizado por la eficacia, el consenso, la austeridad, la transparencia, el servicio a la Carrera Judicial y el servicio al ciudadano.

Así, Lesmes ha explicado que, desde que se constituyó en diciembre de 2013 y hasta finales del año pasado, el CGPJ ha adoptado más de 11.000 acuerdos. Solo en 2015, el Pleno aprobó 254, más del 80 por ciento de ellos por unanimidad.

En cuanto a la gestión económica, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado que el presupuesto del órgano de gobierno de los jueces para 2016 es de 54,9 millones de euros, lo que supone una reducción de ocho millones respecto al de 2013 –el del Consejo anterior al actual- y de 23 millones respecto al de 2010. Especialmente significativa ha sido la minoración de los gastos de protocolo, que se han reducido a la quinta parte.

La decidida apuesta por la transparencia hecha por el Consejo desde el inicio de su mandato tuvo continuación el año pasado: a la información ya disponible en el Portal de Transparencia puesto en marcha el 2 de julio de 2014 se han añadido las fichas que informan del patrimonio económico de los altos cargos de la institución; el primer directorio de jueces y órganos judiciales de acceso público; y los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia, en los que ciudadanos y profesionales pueden acceder a información de utilidad como las normas de reparto, las agendas de señalamientos o los calendarios de guardia.

Además, Lesmes ha anunciado que próximamente se podrán consultar las autorizaciones de compatibilidad concedidas a los miembros de la Carrera Judicial para el desarrollo de otra actividad, de modo que los ciudadanos podrán conocer con qué permisos –y para qué actividad concreta- cuentan los jueces, lo que supondrá una garantía adicional de imparcialidad. Esta información ya figura en los acuerdos de la Comisión Permanente que aparecen semanalmente en el Portal de Transparencia, pero ahora se podrá consultar de manera fácil y ordenada.

El presidente del TS y del CGPJ ha informado también de la aprobación del primer Plan de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial; de los trabajos para aprobar un Reglamento de los Jueces de Adscripción Territorial; y de la política de cobertura de plazas judiciales, que ha permitido que la cifra de 395 jueces sin plaza al inicio del mandato del actual Consejo se haya reducido hasta los 119.

En relación con este asunto, Lesmes ha insistido en la necesidad de crear nuevas plazas judiciales y ha recordado que, el pasado 25 de febrero, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que consideró “ineludible e inaplazable” el aumento de la planta judicial.

Compromiso de los jueces en la lucha contra la corrupción

Durante su intervención ante la Comisión de Justicia, el presidente del Poder Judicial ha destacado entre las actuaciones del Consejo en apoyo de la Carrera Judicial la creación en 2015 de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que desde el pasado mes de marzo atiende las peticiones de los jueces en esta materia.

Lesmes ha manifestado, en relación con este tema, que los jueces españoles “actúan con plena integridad y es firme su compromiso en la lucha contra la corrupción”, y ha dicho estar plenamente convencido de la implicación de todos ellos a la hora de dar respuesta a este grave fenómeno delictivo.

“Es necesario que la sociedad perciba claramente que la Justicia, y los jueces, actúan; que la sensación de los ciudadanos sea que nuestros jueces responden aplicando la ley, y solo la ley, cuando investigan y enjuician los casos de corrupción. La realidad es que los jueces actúan ante la corrupción con plena imparcialidad e integridad; es importante que esa realidad también sea percibida así por parte de los ciudadanos”, ha añadido.

Actuaciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad

El presidente del TS y del CGPJ ha destacado la especial sensibilidad demostrada por el Consejo y por los jueces con los colectivos más vulnerables de la sociedad, como las víctimas de la violencia de género, las personas con discapacidad o las más afectadas por la crisis económica.

En relación con la violencia de género, Lesmes ha hecho un llamamiento a no escatimar ningún esfuerzo en su erradicación y ha dicho que “mientras sigan muriendo mujeres a mandos de sus parejas o exparejas, mientras siga habiendo niños que se quedan huérfanos por esta brutalidad o mientras siga habiendo mujeres que viven aterrorizadas por el maltrato, nada de lo que podamos hacer hará que nos sintamos satisfechos”.

Entre las actuaciones desarrolladas en el último año por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, además de las dedicadas a la especialización y formación de los jueces y la realización de estudios y campañas de sensibilización, destacan su participación en la revisión del formulario de valoración policial del riesgo de la víctima y en un Protocolo de actuación en el ámbito penitenciario para garantizar que los agresores portan los dispositivos de seguimiento por medios telemáticos cuando disfrutan de un permiso penitenciario o son excarcelados.

En 2015, los órganos judiciales acordaron 25.679 órdenes de protección, un 59,1 por ciento de las solicitadas, lo que supone un incremento de un punto respecto al año anterior; adoptaron 57.366 medidas cautelares penales como la orden de alejamiento –acordada en el 76,1 por ciento de los casos- y, entre las medidas cautelares civiles, subieron significativamente las de protección a los menores: suspensión del régimen de visitas, suspensión de la patria potestad y suspensión de la guarda y custodia.

El CGPJ también ha prestado atención prioritaria a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ámbito en el que el Foro Justicia y Discapacidad ha desarrollado una intensa actividad: nombramiento de los delegados de Discapacidad en los Tribunales Superiores de Justicia, publicación del libro “Discapacidad e infancia” y firma con el Boletín Oficial del Estado de un convenio de colaboración para la coedición del “Código de la Discapacidad”, que reúne las normas más importantes en esta materia y al que se puede acceder gratuitamente en la web del BOE.

El órgano de gobierno de los jueces ha trabajado asimismo en la mejora de la respuesta de las instituciones ante los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, consciente de que es uno de los problemas que más afectan a los ciudadanos.

Para ello, se han firmado o revisado –para dotarlos de mayor efectividad y contenido- convenios de colaboración con distintas Comunidades Autónomas y Federaciones de Municipios, Comarcas y Provincias que permitirán la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de la vivienda habitual y la adopción de medidas de carácter social.

Esa sensibilidad hacia los afectados por los problemas derivados de la crisis económica se ha puesto de manifiesto también en asuntos como el de las preferentes, en el que el Consejo, dentro de sus competencias, ha tratado de favorecer una respuesta judicial más ágil especializando Juzgados en algunas localidades, para que pudieran atender con mayor celeridad las demandas interpuestas por los perjudicados.

Por último, Lesmes ha hecho referencia a los esfuerzos desarrollados por el Consejo en el ámbito de la mediación con el fin de consolidarla como sistema de resolución de conflictos alternativo al procedimiento judicial; visualizar la labor que se viene realizando ante los propios jueces, los profesionales y los ciudadanos; y velar por la calidad de la mediación intrajudicial que se lleva a cabo en los órganos jurisdiccionales.