El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) quiere poner de manifiesto su
rechazo a los acuerdos sobre comercio de servicios (TISA) y sobre la negociación
Transatlántica entre Estados Unidos y Europa (TTIP) tanto por la forma como por
el contenido los mismos.
Estos tratados promueven una desregulación que deja en segundo plano las
normativas estatales y parlamentarias y a la vez van en detrimento de los
derechos de las personas. Por ello, el decano del Colegio, Oriol Rusca, alerta
de que muchos de los servicios básicos de una sociedad del bienestar como la
salud, la seguridad o la justicia se podrían privatizar, pero el principal
peligro, es que "ambos acuerdos (TTIP y TISA) suponen un cambio de
modelo que promueve que los prestadores de servicios se basen en criterios
mercantilistas y dejen de lado los valores que realmente tienen que mover el
ejercicio de profesiones liberales como son la confianza, la honestidad y la
lealtad".
En este sentido Rusca pone el ejemplo de que un abogado debe
aconsejar pensando en lo que es mejor para su cliente, al igual que un médico
debe proponer el mejor tratamiento factible para el paciente. Es decir "los
profesionales no se pueden mover estrictamente por razones económicas porque
esto va en contra de su código deontológico y traiciona la confianza necesaria
que debe existir entre el profesional y el ciudadano, lo que puede provocar
inseguridad y desconfianza de las personas hacia los profesionales. Si cambiamos
estos principios esenciales por las reglas del negocio es evidente que los
principales perjudicados serán los ciudadanos. Nuestra profesión es un servicio
a las personas". Por este motivo Rusca también ha querido destacar el papel
de los Colegios profesionales, ya que estas corporaciones "son las encargadas
de organizar y ordenar la profesión, junto con el control deontológico".
En el ámbito profesional, estos tratados también dan total
libertad a las empresas, por lo que en un país podrían ejercer profesionales de
otro país sin tener en cuenta la normativa y las garantías de calidad que se
exigen para este ejercicio. Ante este hecho Rusca afirma que "a la abogacía
no le asusta la competencia sino la posible pérdida de valores en el ejercicio
de la profesión".
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona también se alerta de
que estos tratados supondrán para el consumidor el fin de la protección como la
entendemos actualmente: "Estos acuerdos son un ataque a la democracia, al
Estado de Derecho, y en definitiva, a la soberanía de los ciudadanos".
También se debe tener en cuenta que estos acuerdos permitirán la
expansión de la práctica de establecer penalizaciones importantes para los
Estados, como las recogidas en las cláusulas del caso 'Castor' que han supuesto
para España, y por extensión a la ciudadanos, tener que asumir indemnizaciones
muy elevadas en favor de empresas privadas.
Otro ejemplo sobre los efectos en los consumidores que se
derivarán de estos tratados es que las demandas por un servicio prestado de
forma incorrecta podrían presentarse de forma obligatoria en la dirección donde
esté ubicado el prestador de servicios e incluso tendrán que someterse a las
leyes de este país. En el caso de una contratación a un joven podría darse el
caso de trabajar en un país con la legislación laboral de otro Estado.
Ambos tratados también atentan contra los actuales mecanismos de
control de los datos personales y de privacidad, que quedarían sujetos a la
jurisdicción y criterio de la empresa y no del usuario, como ocurre actualmente.
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona también se critica
la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones, pues hace cuatro
años que Estados Unidos está negociando con diferentes estados de Europa en
secreto. "Si no hubiera sido por las filtraciones de Wikileaks, aún
dispondríamos de menos información de la que tenemos actualmente" argumenta
Rusca y añade: "esta falta de transparencia y opacidad pone de manifiesto la
desconfianza que los propios firmantes tienen sobre los efectos reales de estos
acuerdos sobre los ciudadanos. Si se hace de esta manera es que los acuerdos
responden a intereses estrictamente especulativos y no interesa hacerlos
públicos".
Por eso desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se insta a
los gobiernos y a los partidos políticos a trabajar de forma conjunta para
evitar que los grupos de presión de los Estados Unidos consigan que los
distintos países de Europa deban someterse a una nueva legislación de acuerdo
con los intereses de empresas privadas y en detrimento de los derechos de las
personas.