El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la llamada
‘operación Púnica’, ha acordado enviar una exposición razonada al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid con los indicios delictivos contra el diputado
autonómico del PP Daniel Ortiz por haber supuestamente favorecido a la empresa
Cofely en un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de
Móstoles.
En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 entiende que la
conducta del aforado Daniel Ortiz sería constitutiva de los delitos de fraude
contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información
privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos
e informaciones y cohecho.
A lo largo de los 74 folios de la exposición razonada el magistrado incluye
todos los indicios recabados a lo largo de la instrucción, entre ellos numerosa
documentación, escuchas telefónicas, correos electrónicos y declaraciones
policiales y judiciales que obran en el procedimiento.
El juez explica que en esta pieza del caso se investigan las presuntas
irregularidades en la adjudicación de contratos entre ayuntamientos de la
comunidad de Madrid y la multinacional Cofely.
En el caso concreto de Móstoles, el juez Velasco señala que durante su mandato
(2013-2014) “se han detectado presuntos actos de corrupción” en beneficio de
Cofely “con un ánimo de lucro personal como contrapartida” en el que fue en su
día regidor del Ayuntamiento, además de en su concejal de Medio Ambiente
Alejandro Utrilla Palombi y el hermano de éste Mario Utrilla Palombi, diputado
regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La
Nueva, “que se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en
las negociaciones del cobro de dádivas”.
Por parte de Cofely actuaron “activamente” responsables del Departamento
Comercial, principalmente su director, Constatino Álvarez; y el responsable de
Mercado Público, Pedro García Pérez, así como personal del Departamento de
Operaciones y el director general de la compañía en España, Mauricio Didier.
Participó también David Marjaliza, asesor comercial externo de la empresa, como
conseguidor del contrato e intermediario con los mencionados cargos públicos
municipales en la obtención de informaciones reservadas para preparar las
ofertas de la compañía, además de como representante de la compañía en la
negociación de los pagos de las comisiones e incluso como financiador,
adelantando los primeros pagos de comisiones, objeto luego de reembolso, tal y
como él mismo ha confesado en el Juzgado.
La exposición razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz
en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del “contrato
administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento
integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos
del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el
20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años.
Daniel Ortiz, según el juez de la Audiencia Nacional, recabó información del
avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre
empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su posición como
alcalde de la localidad”, especialmente sobre el concejal promotor del
expediente, David Sánchez Rey, llegando incluso a solicitarle la interrupción
del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de
decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato,
del que no formaba parte.
Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento puso en marcha “una
dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un
auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo
subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de la
oferta de un licitador competidor”.
Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros técnicos
de esa multinacional realizaran, “como efectivamente realizaron, un
contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta
entonces”, con el fin de ayudar a esa empresa –Cofely España- “facilitándole
información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella”.
El escrito del juez señala que las irregularidades se hicieron a cambio de
cantidades entre 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros “como reconocimiento
a su ayuda para obtener el contrato”, dinero que salió con cargo al presupuesto
mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento
mediante conceptos como una simulada auditoría por importe del 2 por ciento del
presupuesto de adjudicación en 12 anualidades.
También a cambio de “una serie de reformados que no eran más que una ficción de
gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para
abonar las dádivas prometidas que, en perjuicio del servicio, la competencia y
el erario público repartió con otras autoridades municipales y que llevó a que
finalmente se le adjudicara el contrato a la empresa indicada”.