Pérez-Llorca ha celebrado la segunda sesión de las Jornadas de Derecho Público
organizadas por el Despacho sobre procedimiento administrativo y régimen
jurídico del sector público con arreglo a las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015. En
esta ocasión, las ponencias giraron en torno a la denominada “Administración
Electrónica” y a las novedades en materia de procedimiento administrativo.
La primera ponencia corrió a cargo de Joaquín Huelin Martínez de Velasco,
magistrado del Tribunal Supremo, que expuso los aspectos positivos de las
reformas previstas en las nuevas normas. Destacó que se trata de leyes
continuistas respecto de la anterior Ley 30/1992, y que, como esta última, se
sitúa en la cúspide del sistema de garantías de los ciudadanos frente a las
Administraciones públicas. Huelin explicó los derechos y deberes de los
ciudadanos frente a la Administración pública, en concreto, los derechos de los
interesados en un procedimiento administrativo. Concluyó su intervención con una
breve mención a los principios que regulan la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria.
Tras esta exposición, intervinieron Aitor Cubo Contreras, subdirector general de
Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, y Vicente Estebaranz, socio de Pérez-Llorca.
Ambos debatieron acerca de distintos aspectos prácticos y jurídicos de la
Administración Electrónica, entre los cuales se incluyen el punto de acceso
general, el registro electrónico de apoderamiento, el registro electrónico
general y las notificaciones electrónicas.
A continuación tuvo lugar una mesa redonda sobre procedimiento administrativo,
moderada por José Ramón de Hoces, socio de Pérez-Llorca y en la que participaron
los abogados del Despacho Alberto Ibort, Jorge Toral y María Luisa Muñoz.
Alberto Ibort comenzó exponiendo el régimen de notificaciones, en particular del
impulso a la notificación por medios electrónicos, identificando las principales
novedades, así como aquellas cuestiones que se han mantenido en la Ley 39/2015.
Como conclusión general, apuntó que el legislador ha sido “generoso” respecto a
las ventajas de la nueva regulación en la exposición de motivos de la Ley, pero
a la vez exigente, como lo prueba la introducción de la “autoevaluación” como
mecanismo de control de la Administración. Ibort, además, explicó las novedades
introducidas en el régimen de la declaración responsable y la comunicación
previa, como mecanismos de control ex post de la Administración pública.
Por su parte, Jorge Toral comentó las novedades introducidas por la Ley 39/2015
en materia de iniciación del procedimiento, destacando en particular dos de
ellas: el nuevo régimen de medidas provisionales, cuyo abanico se amplía por
remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil (uno de los puntos de la reforma más
criticados) y la iniciación del procedimiento mediante denuncia, con la
introducción de la llamada “cláusula de clemencia”, importada de la regulación
sectorial del Derecho de la Competencia y ahora aplicable a todo el
procedimiento administrativo.
María Luisa Muñoz abordó las fases de ordenación, instrucción y finalización del
procedimiento. Destacó la nueva regulación del expediente administrativo, así
como la remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de criterios de
admisión de prueba, así como el funcionamiento del procedimiento de tramitación
simplificada.
La Jornada concluyó con la intervención de José Ramón de Hoces, que comentó las
novedades respecto a los procedimientos especiales, como son el de
responsabilidad patrimonial de la administración, el de la potestad
sancionadora, el de revisión de actos administrativos y el procedimiento para el
ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria por parte de la
Administración.