El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la Unión
Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) han emitido un
comunicado donde solicitan la dimisión de la Fiscal General del Estado,
Consuelo Madrigal, por “desplazar una eventual responsabilidad por el sugerido
incumplimiento de los plazos legales”.
Comunicado conjunto del SISEJ y la UPSJ en relación a las declaraciones de la
Fiscal General del Estado
Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la
Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) queremos
transmitir las siguientes manifestaciones ante la opinión pública sobre el
contenido de las declaraciones realizadas por la actual Fiscal General del
Estado, Consuelo Madrigal, en las que afirma “sospechar” la existencia de causas
que la fiscalía no podrá revisar en plazo, culpando de ello a los letrados de la
administración de justicia.
1. Valoramos que las declaraciones de la actual Fiscal General del Estado han
sido realizadas desde una perspectiva estrictamente corporativista, alejada del
interés público, inapropiada de la institución a la que representa, cuya misión
constitucional es precisamente velar por ese interés y por el cumplimiento de la
legalidad.
2. Rechazamos además dichas declaraciones por ser un intento de desplazar una
eventual responsabilidad por el sugerido incumplimiento de los plazos legales de
revisión de causas penales hacia el cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, a escasos días de la finalización del plazo.
3. Recordamos que la revisión se trata de una tarea encomendada legalmente a la
fiscalía, y que la hipotética responsabilidad por el incumplimiento de plazos
legales para la revisión de causas corresponde en primer lugar a la mayoría
legislativa que aprobó una reforma cuyas consecuencias ya advertimos desde
organizaciones profesionales y operadores jurídicos. Así mismo, señalamos la
responsabilidad institucional del Ministerio de Justicia en funciones y la falta
de una adecuada gestión y previsión desde que entró en vigor la reforma.
4. Consideramos inaceptables e inadecuadas para la institución del Fiscal
General del Estado, las acusaciones públicas veladas, genéricas, directas, de
carácter fuertemente corporativo, basadas en conjeturas o sospechas, contra un
número absolutamente indeterminado de Letrados de la Administración de Justicia,
realizadas sin ninguna base objetiva.
5. Finalmente, como consecuencia de todo ello, desde nuestro compromiso con la
legalidad, con el interés público y el respeto a las instituciones democráticas,
cuestionamos públicamente la idoneidad para el cargo de la actual Fiscal General
del Estado, cuya dimisión le solicitamos.