El diputado del ICAB, Josep Llàcer, ha participado en el Tribunal simbólico
"Justicia y reparación para las mujeres", celebrado en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, para contribuir a la libertad y acceso a la
justicia de las mujeres criminalizadas debido a la legislación de El Salvador,
que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia
La Comisión para la Cooperación y el Desarrollo (0,7%) celebra que se haya
revisado la sentencia del caso de la salvadoreña María Teresa Rivera, que fue
acusada de "homicidio agravado por parentesco" después de haber sufrido una
hemorragia que le hizo perder el feto. Los médicos del hospital donde
posteriormente fue atendida la denunciaron por "asesinato" (dado que se trataba
de hechos extrahospitalarios) y fue condenada a 40 años de prisión. Cuatro años
más tarde de los hechos, la corte de El Salvador ha anulado esta sentencia
condenatoria.
Este cambio conlleva un paso adelante hacia el derecho de defensa de las
personas, pues debido a la modificación introducida en el Código Penal, en 1998,
el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias, incluso
cuando el embarazo es fruto de violaciones, el incesto o cuando la vida de la
embarazada corre peligro.
Este hecho está provocando que en muchos procesos penales se presuponga que las
mujeres son culpables. La anulación de la sentencia precisamente se ha producido
porque el juez ha dictaminado que no había suficientes "elementos probatorios
que determinarán que fuera ella la que le quitara la vida a su hijo".
De ahí que la Comisión para la cooperación y el desarrollo del 0,7% considere
que esta sentencia supone un paso adelante en la defensa de los derechos
humanos, pues a raíz de la normativa vigente en El Salvador, las mujeres son
consideradas "ciudadanas de segunda clase".
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona acordó conceder una
ayuda al proyecto "Acciones Legales para la defensa de mujeres sin acceso a la
justicia en El Salvador". Un proyecto presentado por la Asociación Cooperación
en la convocatoria de 2015, que colabora con la "Agrupación Ciudadana por la
despenalización del aborto en El Salvador". De ahí la implicación del ICAB y de
la Comisión para la Cooperación y el Desarrollo (0,7%) en la causa.
Esta Comisión quiere destacar el trabajo realizado a favor de este caso
concreto. Así recuerda que el diputado de la Junta de Gobierno, Josep Llàcer,
participó como miembro del Tribunal simbólico "Justicia y reparación para las
mujeres", que tuvo lugar el pasado 20 de abril en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas. Como miembros de este tribunal también
participaron Mirna Perla, abogada, notaría y ex magistrada de la Corte
Suprema de Justicia; Yolanda Guirola, abogada, notaria, miembro fundadora
de CEMUJER y actual coordinadora nacional de CLADEM y los peritos Abraham
Abrego, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho;
Mario Najera, médico forense de Guatemala y Angélica Rivas,
abogada especialista en género de la colectiva de Feminista para el Desarrollo
Local.
El objetivo principal del tribunal fue contribuir a la libertad y acceso en la
justicia de las mujeres criminalizadas injustamente debido a la legislación
penalizadora del aborto en El Salvador.
Los objetivos específicos fueron: dar a conocer violaciones de derechos humanos
de tres casos de mujeres que han enfrentado emergencias obstétricas (el de la
propia María Teresa Rivera y Teodora y Guadalupe), construir argumentos
jurídicos y forenses para el avance, defensa y lucha por la libertad de las
mujeres y posibilitar la reparación moral de las mujeres criminalizadas y de sus
familiares.
