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Pensaba escribir un artículo sobre los problemas de la Abogacía en
España, a mi modesto entender, pero acabo de recibir una encuesta del Colegio de
Abogados sobre los problemas de la justicia en España, y voy a utilizar ese
título, en el bien entendido supuesto de que los problemas de la Abogacía son
sólo una parte de la problemática general de la justicia.
Lo que está claro es que la abogacía es un sector en crisis, en
profunda crisis. Y ello se debe a múltiples circunstancias, de las que voy a
reseñar las más importantes, en mi opinión:
1. Las costas, es decir la condena en costas. Institución procesal que consiste
en que cuándo se desestime totalmente la demanda, el juez o tribunal puede
condenar a la parte demandante, denunciante, etc., a las costas de la otra
parte, que comprende los honorarios de su abogado y los derechos del procurador,
lo que supone que el pobre litigante tienen que afrontar las honorarios de nada
menos que cuatro profesionales: dos abogados y dos procuradores.
Vamos, que ese señor ya no vuelve a aparecer por el juzgado en su vida…
Hasta la llegada de Gallardón al Ministerio de Justicia, las condenas en costas
eran mucho más limitadas, y en la mayoría de los casos no se imponían, por lo
menos en la primera instancia, salvo que mediara temeridad o mala fe por parte
del supuesto “demandante de justicia”.
Pero con las reformas de la legislación procesal de Gallardón, son de imposición
obligatoria, salvo excepciones, incluso en la primera instancia, lo que supone
que el derecho a la tutela judicial efectiva en la práctica ha desaparecido de
nuestro ordenamiento jurídico.
Ahora sólo tienen derecho a tutela judicial los que puedan pagarla…, y los
insolventes, que acogiéndose a la ley de justicia gratuita, pleitean todo lo que
quieren, colapsando los juzgados de demandas y denuncias infundadas, en la
seguridad de que ellos no tendrán que pagar costa alguna…
2. Por si éramos pocos, parió la abuela. La ley de tasas supone que numerosos
litigantes tienen que pagar por acudir al servicio público de la justicia.
Y como quiera que ya estamos trabajando la mitad del año para mantener el
gigantesco tinglado de las administraciones públicas, más que de un pago
tendríamos que hablar, en propiedad, de un repago, pues supone pagar dos veces
por lo mismo, para que unos jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la
administración de justicia, a los que mantenemos con nuestros impuestos, nos
atiendan cuándo vamos a “molestarles” con nuestras pretensiones…
Vivir para ver. Las sumas recaudadas, aunque importantes, no solucionan los
problemas de la justicia, ni mucho menos, pero el fin que se pretendía
posiblemente se ha conseguido: desaminar al ciudadano medio, sobre todo al menos
sobrado económicamente, de acudir a los tribunales.
¿Y dónde queda el derecho fundamental a la tutela judicial de nuestros derechos
e intereses legítimos…?
3. Y como colofón, para rematar la faena, dando el último aguijonazo al
justiciable, se sigue manteniendo la obligatoriedad del procurador de los
tribunales, prácticamente desaparecidos en todo el mundo civilizado, o, como
mucho, de utilización voluntaria, no preceptiva.
La imposición legal de utilizar al procurador supone un incremento para el
justiciable de entre un veinte a un cuarenta por ciento del coste total del
pleito.
Pero, por lo visto, de eso se trata, de disuadir a la gente de acudir a los
tribunales, sin darse cuenta de que al final pueden acabar tomándose la
“justicia” por su mano. Recordemos los crímenes de Fago o de León, por ejemplo…
¿Qué sentido tiene que yo, abogado redacte una demanda, la envíe por correo
electrónico al procurador, y este, a su vez, la reenvíe al juzgado, también
informáticamente?
¿Qué “valor añadido” aporta esta actuación procesal de los procuradores?
¿Por qué los abogados no podemos asumir la representación de nuestros clientes,
como sucede en todas partes, dicho sea de paso?
Resumiendo y concretando: si el PP quería cargarse la administración de
justicia, debemos felicitarles por ello. Lo han conseguido plenamente.
Hoy por hoy sólo van a poder litigar los bancos, aseguradoras y grandes
empresas… |