La Sección de Derecho Ambiental del Colegio de la Abogacía de Barcelona reclama un impulso político firme para poder transformar el modelo productivo lineal predominante en nuestra sociedad en una economía circular, es decir, donde los productos una vez han perdido su función principal puedan tener una segunda vida. El tránsito hacia la economía circular aspira a reducir al mínimo la generación de residuos y fomentar el mercado de las materias primas secundarias. Y es que a raíz de las Comunicaciones de la Comisión al Parlamento Europeo, del 2 de julio de 2014 y de 2 de diciembre de 2015 se propone que en Europa haya una sociedad con cero residuos.

La sección de Derecho Ambiental hace esta petición con motivo del "Día mundial del Medio Ambiente" que se conmemora el 5 de junio. Esta Sección del ICAB explica que, según los datos de Eurostat, en España el 55% de los desechos municipales acaban en el vertedero, el 16% se recicla, el 17% va al compostaje y el 12% restante se incinera. A pesar de estos datos, la situación ha mejorado pues en el 2014 cada español generó una media de 435 kilos de residuos, un 22% menos que en 2008. Con todo, sin embargo, España recicló solamente un 33%, datos que indican que se está por debajo de la media comunitaria, encabezada por Alemania (64%), Eslovenia (61%), Austria (58%) y Bélgica (55%).

Ante esta situación, el presidente de esta sección de Derecho Ambiental del ICAB, Juan Antonio Loste, recuerda que "desde la Revolución industrial, la economía de nuestro país ha desarrollado un patrón de crecimiento sustentado en la secuencia "tomar- fabricar-consumir-eliminar" y que actualmente este modelo lineal basado en la hipótesis de la abundancia, disponibilidad, facilidad de obtención y eliminación barata de los recursos, está amenazando la competitividad de Europa". Por este motivo apuesta por "una economía circular, ya que ésta mantiene el valor añadido de los productos, por lo que pueden seguir utilizándose una y otra vez y crear así más valor". La economía circular mejorará la competitividad de la UE, protegerá las empresas ante la escasez de recursos y la volatilidad de los precios y contribuirá a crear nuevas oportunidades empresariales así como maneras innovadoras y más eficientes de producir y consumir.

Desde la Sección de Derecho Ambiental también se considera que la transición hacia una economía circular exige la introducción de cambios en todas las cadenas de valor y en particular, que se debería dotar al residuo de un nuevo estatuto jurídico, a fin de prevenir la salud pública y los daños al medio ambiente, garantizando, eso sí, la seguridad jurídica de los operadores económicos. "La noción de residuo está actualmente muy presente en nuestra sociedad por lo que esto perjudica la evolución hacia un "nuevo recurso o subproducto", afirma Loste.

A este hecho se le suma el que la coyuntura política está comportando el estancamiento de la figura del subproducto y del de fin de condición de residuo a nivel estatal, lo que no ha permitido disponer todavía de una regulación uniforme que evite distorsiones competitivas. Por eso desde la Sección de Derecho Ambiental del ICAB se insta a completar la armonización de todo este bloque normativo y aplicarlo con las mínimas cargas administrativas y costes, lo que resulta esencial para la consecución del objetivo de la economía circular.