El equipo de Laboral de Pérez-Llorca ha celebrado la
segunda edición de los seminarios ‘Pérez-Llorca Laboral al Día’ de este año, un
encuentro en el que se analizaron las principales novedades de esta área
jurídica.
Daniel Cifuentes y Fernando Ruiz, socios de Laboral del
Despacho, abrieron la sesión con un repaso a las principales sentencias dictadas
en los últimos meses. Entre otras, se centraron en la reciente de la sala de lo
social
del Tribunal Supremo en la que se aclara definitivamente, revocando el
criterio establecido en su sentencia de 29 de septiembre de 2014 que tantas
dudas generó, cómo debe computarse la indemnización por despido improcedente
cuando se supere el máximo de dos años de salario establecido por la reforma
laboral de 2012.
A continuación tomaron la palabra María Eugenia de la Cera,
abogada del área de Laboral de Pérez-Llorca, y Javier García Marrero, Counsel de
Litigación y Arbitraje y juez de lo Mercantil en excedencia, quienes analizaron
la nueva Directiva europea sobre secretos profesionales, aprobada en primera
lectura el pasado 14 de abril.
De la Cera, después de exponer brevemente el devenir de la
directiva en los organismos europeos, analizó su contenido, haciendo especial
hincapié en la definición de secreto comercial que contiene, remarcando que
aquella información que no sea adecuadamente protegida por las empresas podría
no considerarse incluida en dicha definición. Por ello, de la Cera insistió en
la importancia de adoptar medidas encaminadas a proteger los secretos
comerciales de la empresa y describió alguna de ellas, como establecer y revisar
regularmente las políticas internas sobre esta materia, incluir cláusulas de
confidencialidad en los contratos de trabajadores, administradores o
contratistas o establecer medidas físicas e informáticas para impedir el acceso
no deseado a la información confidencial.
Javier García Marrero analizó qué impacto va a tener la
directiva en el ordenamiento español. García Marrero revisó los posibles cambios
quesu aprobación podría producir en la legislación española y resumió, desde una
perspectiva empresarial, los puntos positivos y negativos que introduce la
norma. La aprobación del texto actual de la directiva generaría una mayor
sensibilización y concienciación de trabajadores y empresas sobre la importancia
de esta materia, obligaría a implantar medidas, procedimientos y recursos
judiciales específicos, ampliaría los plazos de prescripción hasta los 6 años y
permitiría establecer medidas específicas para preservar la confidencialidad
durante el proceso judicial.
Por el contrario, García Marrero destacó que la directiva
no limita el uso de la información que no cumpla los requisitos establecidos por
esta para poder ser considerada “secreto comercial”, no permite limitar el
acceso a los secretos comerciales de los representantes de los trabajadores
cuando de sus derechos de información y consulta resultase que pueden acceder a
dicha información, y limita las posibles reclamaciones de daños y perjuicios a
los trabajadores cuando estos no hayan actuado de forma intencionada.