El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; el conseller de
Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler; y la
consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas del Gobierno valenciano, Gabriela Bravo, han firmado un
convenio de colaboración en materia de auxilio, colaboración y apoyo mutuo en
los procedimientos de investigación penal relacionados con el régimen
económico-financiero del sector público de la Generalitat Valenciana.
El convenio se suscribe ante la constatación de que el adecuado cumplimiento de
las funciones constitucionalmente asignadas a los órganos judiciales y al
Ministerio Fiscal pueden exigir de un apoyo objetivo para el que sean necesarios
conocimientos técnicos o prácticos en parcelas alejadas de la tradicional
formación de jueces y fiscales y de que, en los últimos años, se ha venido
produciendo un aumento de las necesidades de colaboración y apoyo a la
Administración de Justicia en temas relacionados con la actividad
económico-financiera del sector público de la Generalitat.
Así, las actuaciones de auxilio y colaboración por parte de la Intervención
General de la Generalitat Valenciana podrán consistir en la aportación de datos,
antecedentes o informes que obren en su poder por haber sido obtenidos o
elaborados en el ejercicio de sus competencias o funciones; en la elaboración de
informes técnicos relacionados con la actividad económico-financiera del sector
público de la Generalitat; en el asesoramiento técnico en esta materia; y en la
celebración de reuniones informativas, aclaratorias o de coordinación.
Además, el convenio señala que las partes adoptarán las medidas precisas para
que los Juzgados y Tribunales y el Ministerio Fiscal facilitarán a la
Intervención General de la Generalitat cuantos datos de trascendencia en la
aplicación del control de la gestión económico-financiera de subvenciones del
sector público se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan,
respetando, en todo caso, el secreto de las diligencias sumariales, y siempre
con estricta observancia de las normas sobre procedimiento y protección de datos
de carácter personal.