Cinco meses de intenso trabajo han dado como resultado el modelo de gestión del documento electrónico local que servirá de base en toda España. El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local de Valencia (COSITAL Valencia) ha participado activamente en la elaboración del texto, dentro de un grupo de trabajo multidisciplinar formado el pasado mes de abril en el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. La sede del Colegio en Valencia ha servido incluso para consensuar la redacción final.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya ha manifestado su interés en publicar el documento, indicando también que será utilizado como punto de partida en el Grupo de Trabajo de Documento, Expediente y Archivo-e de dicho Ministerio. “Estamos enormemente satisfechos con el trabajo realizado porque será de gran utilidad en la administración local de toda España”, asegura Lorenzo Pérez, vocal de Formación en la Junta de Gobierno del Colegio.
El documento consensuado contiene un modelo de política de gestión documental local imprescindible de las normas relativas a archivo electrónico. Asegura Lorenzo Pérez: “este documento es el punto de partida de la administración electrónica, es un presupuesto básico. Sin él, no podríamos trabajar. El archivo electrónico exige, sin duda, una política de gestión documental”.
La redacción del texto ha sido posible gracias al consenso alcanzado por los tres sectores profesionales implicados: archiveros y gestores de documentos, la Asociación de Técnicos de Informática de Administración Local (ATIAL) y el propio COSITAL Valencia. “Poner en común la visión de los archiveros, tecnólogos y secretarios ha sido lo más complicado, pero también lo más atractivo del trabajo”, señala Lorenzo Pérez.
La aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula el procedimiento administrativo, íntegramente electrónico, tanto para dictar actos administrativos como para la elaboración de normas. La norma impone la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, derogando y asumiendo en gran parte el contenido de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.