Tras mantener en prisión provisional comunicada y sin fianza durante casi un año y medio a la familia Kokorev (acusados sus miembros de ejercer de testaferros de Teodoro Obiang en España), la juez del Instrucción nº 5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano, revela en un auto notificado recientemente a la defensa de la familia hispano-rusa su incapacidad para probar el origen supuestamente ilícito de los más de veinte millones de dólares hallados en una cuenta que -según De Vega- forman parte de una operación de blanqueo de capitales.

Con Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su hijo Igor en cautiverio en Las Palmas, a espera de que se concreten cargos concretos de sus presuntos delitos y sin juicio en el horizonte, los abogados de la defensa han formulado recursos de apelación contra una medida excepcional (la prisión preventiva) con la que consideran que se está llevando a cabo un “cumplimiento anticipado de la pena”.

En sus alegaciones, los abogados de esta familia asentada desde hace dos décadas en España, hacen alusión a una conversación grabada en las dependencias de la Audiencia Provincial de las Palmas a cuatro magistrados, en la que señalaban que “fuera de Rusia y jovencitos, todos mafiosos”; y en este sentido consideran que “dicho devastador pensamiento y comentario deja en huera e inservible la presunción de inocencia”.

Por otra parte, denuncian que en una investigación que se prolonga durante casi una década “siguen sin detallarse hechos punibles de los que puedan defenderse” los acusados. Y puntualizan que “el elemento objetivo esencial del delito de blanqueo de capitales es el delito antecedente, el cual requiere no sólo la identificación del tipo penal al que correspondería dicho delito sino, también, la actividad delictiva previa en sí”, algo que en este caso no se identifica.

En relación al secreto de sumario, que se mantiene por inercia desde hace casi cuatro años, los letrados de los Kokorev denuncian que “no debe significar la atribución al Instructor de la facultad de omitir la tutela de los derechos fundamentales de los sujetos afectados, sino un instrumento para asegurar el éxito de la investigación, que debe emplearse con la necesaria cautela, evitando extenderse más allá de los límites materiales que sean imprescindibles”.

En los recursos de apelación son especialmente directas, profusas y contundentes las referencias a la “ausencia de ilicitud en las transferencias” llevadas a cabo por la sociedad Kalunga, cuyo administrador es Vladimir Kokorev. Así, se menciona toda la documentación que obra en poder de la jueza Ana Isabel de Vega y que demuestra de forma indubitada que las sumas de dinero bajo sospecha derivan de relaciones comerciales normales de la citada empresa con la República de Guinea Ecuatorial: desde órdenes de pago, a facturas, a contratos de compra-venta… que conforman un compendio de operaciones que justifican los más de veinte millones de dólares hallados en la cuenta de la que se extiende una sospecha hasta hoy sin pruebas.

Es más, los abogados de los Kokorev denuncian que el Juzgado haya hecho caso omiso hasta la fecha del contenido de estos documentos “así como de la solicitud de comisión rogatoria a la República de Guinea Ecuatorial a fin de certificar lo antepuesto en caso de albergar alguna duda”.

Los abogados de los Kokorev, a fin de revocar la prisión provisional, rechazan el supuesto riesgo de fuga ya que se trata de una familia que, siempre que ha residido fuera de España, lo ha hecho obteniendo los permisos pertinentes y registrándose debidamente en los consulados en el exterior, además de comunicando sus cambios de domicilio a la Agencia Tributaria.

Por último (y ponderando el hecho con absoluta gravedad), los recursos de apelación contra los autos de Ana Isabel de Vega hacen mención al papel protagonista en el procedimiento del ex abogado de los Kokorev, Ismael Gerli. En este sentido, los letrados de la familia hispano-rusa consideran “increíble que se haya permitido su participación en la causa dada su condición de abogado de Vladimir Kokorev y estar actuando en beneficio propio y para causar el máximo sufrimiento y dolor a una familia que odia visceralmente”.

En efecto, Ismael Gerli, que actúa de ‘testigo estrella’ para el juzgado contra sus anteriores clientes, está investigado en su país por presuntos delitos de estafa agravada, fraude, falsificación de documentos públicos y delitos contra la fe pública; entra otras razones, por haberse apropiado ilegalmente de propiedades de los Kokorev. Sus amenazas y extorsiones constan igualmente por escrito a la jueza que sistemáticamente ha rechazado las peticiones de libertad a quienes (tras casi una década de investigación, y aún sin pruebas) sigue considerando testaferros en España del dictador Teodoro Obiang.