Marea Pensionista, a través del bufete Colectivo Ronda, acaba de interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español por vulnerar los tratados firmados y ratificados sobre la preservación del poder adquisitivo de los pensionistas frente a los incrementos del coste de la vida. En concreto, el Gobierno del PP habría vulnerado, de confirmarse por parte del TEDH, hasta cuatro códigos y convenios internacionales.
Núria Ribas / @oikit
Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia…son solo algunas de las más de 60 ciudades españolas que hoy van a ver como la Marea Pensionista recorre sus calles en protesta por la pérdida de poder adquisitivo que, aseguran, las políticas del Gobierno popular han provocado.
En concreto, los pensionistas organizados en este colectivo denuncian la decisión del Gobierno de revalorizar las pensiones por debajo del IPC. A partir del año 2012, el Partido Popular aplica el denominado ‘índice de revalorización de las pensiones’, lo que le permite desvincular la revisión de las mismas de la evolución del IPC, es decir, del coste de la vida. Una política que, según un recién análisis realizado por UGT, ha supuesto una pérdida de 670 euros al año de media para los pensionistas entre 2010 y 2017, en términos de capacidad adquisitiva.
Esta última revisión de las pensiones, anunciada por el Gobierno, ha colmado la paciencia de los colectivos de pensionistas que, a través de Marea Pensionista y representados por el bufete Colectivo Ronda, ha interpuesto una demanda ante el TEDH contra el Estado español. La demanda invoca la vulneración por parte del Estado español tanto del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – firmado y ratificado por España- como, de forma más específica, el Convenio de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea.
Según el abogado de Colectivo Ronda responsable de la demanda, Miguel Arenas, en todos estos casos, la normativa establece de forma nítida la obligación por parte de los Estados de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a incrementos del coste de la vida. En el caso de la Carta Social Europea, además, se determina la exigencia a los estados miembros de la UE de “tender progresivamente a elevar el nivel de protección de la Seguridad Social”.
Arenas ha recordado que “España está obligada a respetar el contenido de la normativa internacional que ha firmado y ratificado. Una legislación que, además, y por una cuestión de jerarquía legislativa, se sitúa por encima de la propia normativa estatal, con la única excepción de la Constitución”.
“Hemos agotado la vía judicial española sin obtener respuesta”, explica Domiciano Sandoval, portavoz de Marea Pensionista-. Ya solo nos queda apelar a la justicia comunitaria en defensa de nuestro sistema público de pensiones antes de que sea desguazado completamente”.
Sandoval considera que la desindexación de la revalorización de las pensiones respecto al IPC (así como otras medidas vigentes o en fase de análisis como la ampliación del número de años de cotización para el cálculo de la futura pensión) responde “a la voluntad manifiesta de reducir al máximo el gasto en este concepto, aunque eso signifique poner en cuestión la viabilidad del propio sistema y condenar a la pobreza a una parte importante de la población jubilada”.
El bucle de la sostenibilidad de las pensiones
La sostenibilidad del sistema de pensiones español es uno de los quebraderos de cabeza de cualquier gobierno. Una ‘hucha’ de las pensiones vacía. Un envejecimiento de la población galopante. Y un sistema, el actual, que hará quebrar el modelo de solidaridad intergeneracional que hasta ahora ha guiado nuestras pensiones: se acerca la generación que no recibirá lo que ella ha aportado a sus mayores. La escasa fiscalidad positiva sobre el ahorro – el ahorro de ciudadanos medios, no de grandes fondos de inversión a través de las SICAV – no ayuda a que los trabajadores en activo se animen a potenciar el ahorro privado. El no saber exactamente qué pensión nos quedará al final de nuestra vida laboral, tampoco incentiva al ahorro. ¿Cómo financiar, pues, las pensiones del futuro?
“Lo que está claro es que algo tenemos que hacer porque si no hiciéramos nada, en el año 2030 la relación entre cotizante y pensionista será de 1,3 y en el año 2015, de 1 a 1”, avisaba Jesús Sainz, secretario general del Círculo de Empresarios, hace unos meses. Desde esta institución proponían, en un informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones publicado en 2017, medidas a corto plazo por la vía de los ingresos y de los gastos a la Seguridad Social.
“Por la vía de los ingresos, hay que seguir haciendo reformas paramétricas que no solucionan el problema, pero ayudan a pasar estos años en que el problema se va agrandando. Por ejemplo, retrasar la edad de jubilación, alargar el número de años que se usan para calcular la pensión y, muy importante, poder realizar un cálculo fiable de la pensión que nos quedará. Por el lado de los gastos, que las pensiones no contributivas se cubran a través de los Presupuestos Generales del Estado”, apuntaba Sainz.
A largo plazo, la propuesta hace años que está encima de la mesa, pero no ha habido hasta ahora ningún gobierno que sea capaz de llevarla a cabo, probablemente porque implica reformar otros parámetros como el mercado laboral, la formación profesional, la fiscalidad sobre el ahorro y las políticas de conciliación para aumentar la natalidad. Se trataría de transformar el actual sistema de reparto en un sistema mixto basado en tres patas: reparto, capitalización voluntaria y capitalización obligatoria.
