Bajo la instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil ha venido desarrollando una investigación mediante la que ha podido averiguarse la exportación ilícita de gases considerados como sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) por parte de una empresa dedicada a la comercialización y distribución de gases fluorados refrigerantes al tiempo que gestionaría irregularmente como residuos peligrosos los gases procedentes de la recuperación y no sujetos a comercialización, en vez de destinarlos directamente a su eliminación a través de un gestor autorizado.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de las comunicaciones recibidas de la Subdirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que alertaban de una presunta exportación irregular de gas refrigerante R-22 regenerado con destino a Panamá.

En las investigaciones se descubrió que una empresa radicada en Valencia habría eludido su deber de informar a la Comisión Europea sobre las exportaciones reales efectuadas y datos detallados sobre su almacenamiento de gases refrigerantes; asimismo, tampoco habría comunicado a la Administración Autonómica la realidad de los gases recuperados y los efectivamente destruidos o eliminados.

La investigación habría determinado la realización de operaciones de exportación bajo la denominación de gas refrigerante HCFC-22 (R-22) REGENERADO por parte de la mercantil careciendo de la preceptiva licencia de exportación concedida por la Comisión Europea.

La empresa habría procedido al reenvasado de líquidos refrigerantes de gas R22 que debieran haber sido gestionados como residuos peligrosos y haberse destinado a eliminación, sin confeccionar el oportuno registro documental de los mismos para que la administración pudiera seguir su trazabilidad como residuo de tales sustancias. Así, se habría estimado una la exportación ilegal de unos 10000 kg. del gas, bajo la denominación de REGENERADO sin tener autorización ni capacidad en sus instalaciones para conseguir esta clasificación del gas. El contrabando de estas 10 toneladas de R-22 habría supuesto un beneficio económico de entre medio millón y un millón de euros.

Situación medioambiental

Este tipo de actividades están sujetas a un estricto control debido a la progresiva disminución de la concentración de ozono en las capas medias de la atmósfera; esta disminución de la concentración de ozono resulta sumamente dañina para la vida en la tierra, estando provocada, en gran parte, por las emisiones de gases que se han englobado comúnmente como Sustancias que Agotan la capa de Ozono (SAO).

Desde el año 2010, está prohibidos el uso y la introducción en el mercado de gases que agotan la capa de ozono y, a partir del 1 de enero de 2015, quedó prohibida en el territorio de la Unión Europea la introducción en el mercado y uso de los HCFC,s en cualquiera de sus estados (puro, reciclado o regenerado).

Estas investigaciones coinciden temporalmente con el estudio de emisiones recientemente publicado por la ONU en el que se pone de manifiesto que la contaminación atmosférica continúa produciendo estragos en la salud de los seres humanos, calculando que afecta ya al 90% de la población mundial.

En la investigación realizada, ha sido fundamental el funcionamiento de los mecanismos establecidos a nivel europeo para controlar el uso o comercio de estas sustancias. La Unión Europea, a través del sistema de expedición de licencias (ODS Licensing System) y de las comunicaciones a las que están obligadas los operadores de sustancias identificadas como sustancias que agotan la capa de ozono, puede evaluar la magnitud de su impacto ambiental de estas sustancias y garantizar que las mismas están sometidas al debido control.

Además, este tipo de sustancias son gases de efecto invernadero con un Potencial de Calentamiento Global (GWP o PCA) asociado, parámetro que representa el calentamiento climático del gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono (CO2)  que, para el R-22 es de 1700, esto es, la liberación de 1 kg. de R-22, en términos de calentamiento atmosférico, equivaldría a la emisión de 1700 kg. de CO2, por lo que las casi 10 toneladas de R-22 objeto de la exportación habrín supuesto casi 17.000 toneladas de CO2 en Potencial de Calentamiento Global.

Alcance internacional

Finalmente, los gases refrigerantes ilegalmente exportados fueron enviados a Panamá en vez de haber sido enviados a plantas específicas para su eliminación.

Para ello ha sido fundamental la colaboración y coordinación de la información llevada a cabo por EUROPOL, así como la colaboración prestada por autoridades competentes en la materia tanto del Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat de Valencia.