La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, acompañada de Alejandro Luzón y Antonio Narváez
Conscientes de que algunas de las conductas delictivas que más preocupan a los ciudadanos son aquellas que afectan a la Administración Pública y a sus funcionarios, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Abogados del Estado han centrado en este ámbito el curso conjunto que organizan anualmente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que en esta edición se ha celebrado bajo el epígrafe “Delitos y Administración Pública”.
Ponentes ambos a propuesta de la Asociación de Fiscales, el Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, fue el encargado de abrir el curso con la conferencia “La colaboración de la administración y las instituciones en la investigación de la delincuencia económica”, mientras que el Magistrado del Tribunal Constitucional y anteriormente Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, disertó sobre los “Delitos cometidos por los funcionarios públicos: consecuencias jurídicas para las administraciones”.
Colaboración entre los poderes del Estado
Considera Alejandro Luzón que la complejidad de estos comportamientos delictivos exige de una leal colaboración institucional entre los distintos poderes del Estado para poder combatir la corrupción y la delincuencia económica con mayor eficacia. En este sentido, confirma que la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción ha implicado una mejora en la persecución de estos delitos. Por su parte, Antonio Narváez centró su intervención en la responsabilidad patrimonial de la Administración con referencias a cuestiones prácticas y al criterio novedoso del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión en relación con la prisión preventiva sufrida por alguien que finalmente es absuelto.
A propuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura hoy ha participado como ponente quien fuera Fiscal General del Estado y en la actualidad Magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar. La intervención de Sánchez Melgar ha versado sobre los comportamientos poco éticos, las actividades prohibidas a los funcionarios públicos y el tráfico de influencias.
Medidas adoptadas en la Administración Pública
Además de analizar los mecanismos de colaboración entre la Administración de Justicia y la Administración Pública en la investigación de los delitos de corrupción y de repasar las reformas legislativas y prácticas que se han adoptado en los últimos años, uno de los objetivos de estas jornadas ha sido abordar la cuestión desde la perspectiva de la propia Administración Pública, examinando qué medidas se han adoptado en los organismos públicos para la prevención, detección y persecución de los posibles delitos cometidos en su seno.
Bajo la dirección de la Abogada del Estado Lucía Pedreño, en este curso han participado también como ponentes el Magistrado del Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo, así como Fernando Bertrán y Ruth Álvarez, ambos Abogados del Estado.
Esta nueva edición de los cursos de la UIMP ha contado con la presencia de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, así como de numerosos asociados y miembros de la Ejecutiva.
