La Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado en relación al “repunte de delitos leves de hurto” en Barcelona donde pide a los responsables políticos “una reforma de la regulación que, en el delito leve de hurto, permita tener en consideración la multirreincidencia para convertirlos en delitos menos graves”.

El Comunicado:

«La Asociación de Fiscales quiere poner de manifiesto y resaltar ante la opinión pública que  los  Fiscales  actúan conforme al principio de legalidad e imparcialidad en defensa del interés público tutelado por la Ley.

Ante el repunte de delitos leves de hurto, de delitos de robo con violencia y de  delitos contra la vida y la integridad de las personas en la ciudad de Barcelona, los fiscales siguen actuando, como siempre lo han hecho, con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ahora bien, hemos detectado que las herramientas de las que estamos dotados  para  hacer frente a los delitos leves de hurto son escasas y poco disuasorias para quienes se dedican a ello de forma habitual; de ahí que desde esta Asociación hayamos interesado una reforma de la regulación que, en el delito leve de hurto, permita tener en consideración la multirreincidencia para convertirlos en delitos menos graves, de forma que la pena a imponer supere la categoría de pena leve de multa  y pasen a ser  penados con pena  de prisión, lo que provocaría un importante  efecto de prevención especial y general.

Por su parte, la medida de prisión provisional, como medida limitativa  del derecho fundamental a la libertad deambulatoria, solo puede solicitarse cumpliendo determinadas garantías y bajo determinados requisitos tasados por la Ley, siempre que existan indicios racionales de criminalidad contra persona determinada. El concepto de “alarma social” que el delito cometido genera en la sociedad fue suprimido por voluntad del legislador de nuestro ordenamiento jurídico como justificación para acordar la prisión provisional, por lo que no puede ser tenido como sustrato de la  petición de prisión por parte de la Fiscalía.

Es preciso recordar que es exclusivamente el Poder Legislativo, esto es, los partidos políticos con representación en el Parlamento, quienes dictan las Leyes y reforman los Códigos.

Sin duda,  también hay que destacar que depende exclusivamente de la voluntad política dotar de  plantilla adecuada a Fiscales y  Jueces, así como a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y  proveer a todos ellos de los medios materiales necesarios para poder actuar con mayor eficiencia y celeridad en la lucha contra todo tipo de criminalidad.»