La justicia lenta y tardía, no es justicia

Publicado el lunes, 23 diciembre 2019

Carlos Berruezo, Decano del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona.

 La endémica ineficiencia del sistema judicial por la falta de medios y recursos es una cuestión recurrente, tremendamente importante, y más a hora, a las puertas de la constitución de un nuevo gobierno. Existe el riesgo real de que su impacto derive en un problema social

Carlos Berruezo, Decano del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona

Carlos Berruezo, Decano del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona

Da la impresión de que, históricamente, la mejora del sistema judicial es relegado de las campañas electorales por qué no resulta atractivo, o porque consideren que no haga mucha falta incidir en ello, como si la ciudadanía se hubiera insensibilizado ante la poca eficiencia resultante de la falta de medios. Al final nos acostumbraremos a que un ciudadano o ciudadana tarde dos años en ver resuelto un litigio laboral.

Con la justicia, cómo es un ámbito del Estado con el que la ciudadanía se interrelaciona esporádicamente, puede suceder lo mismo que con el sistema sanitario, en el que las listas de espera para algunas intervenciones, son sorprendentemente largas, pero que uno no se preocupa hasta que le toca. En ambos casos estamos hablando de una parte esencial de nuestro contrato social como ciudadanos con el poder político y que implica un compromiso bidireccional, pero en el que la titularidad de la soberanía está en el ciudadano y la ejerce el político en su nombre.

Por ello, la credibilidad en un sistema de justicia empieza con la posibilidad de poder ejercerlo con inmediatez, eficiencia y seguridad. El barómetro del CIS de julio apuntaba que un 48% de los entrevistados consideraban que funcionaba mal o muy mal, frente al 22,6% que opinaban que funcionaba bien o muy bien. El 60% de los entrevistados consideraban que era un problema de falta de medios y no responsabilidad de los profesionales de la Administración de Justicia.

Estamos ante un problema esencialmente político y debe ser resuelto por los políticos, por lo tanto, por el Gobierno.

En este escenario, los Juzgados de lo Social se llevan la peor parte. La sobrecarga de estos juzgados es crítica y ha sido repetidamente denunciada por jueces y magistrados, y por los profesionales que trabajamos en ellos. La percepción positiva de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la administración de justicia tendría que ser una obsesión para cualquier grupo político, en lugar de ser la eterna asignatura pendiente.

No obstante, no pierdo la esperanza de creer que, con la formación de un nuevo gobierno, la Justicia y su administración sea vista como una sólida oportunidad para comprometerse ante la ciudadanía. Proclamarse defensor de la democracia es incompatible con desatender uno de sus pilares. La Justicia lenta y tardía, o es menos justicia, o, incluso, no es Justicia.

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