Francisco José Fernández Romero
El abogado y profesor universitario Francisco José Fernández Romero, socio-director del despacho Cremades-Calvo Sotelo, ha presentado el libro Actualidad por Derecho, que recoge sus reflexiones más destacadas en medios de comunicación. Lo ha hecho en el Colegio Notarial de Andalucía, acompañado por su decano, José Luis Lledó, y por el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra. En la exposición de su nuevo trabajo, publicado por la editorial Hispalex, Fernández Romero ha destacado la idea de que España necesita apostar por un nuevo modelo de gestión pública mucho más abierto, innovador y acorde a los desafíos de una sociedad expuesta a un trepidante avance tecnológico. En este sentido ha lamentado la escasa cultura de colaboración público-privada (de las administraciones con las empresas) y público-pública (de las administraciones entre ellas) y ha abogado por un enfoque verdaderamente centrado en la eficiencia y la satisfacción de las necesidades del ciudadano.
“Es preciso acabar con la cultura de confrontación y competición entre administraciones, que es estéril y además conduce a la idea equivocada de que el problema es la descentralización, cuando no lo es, el problema es el uso de las instituciones para fines políticos”, ha afirmado Fernández Romero, que ha apostado también por un nuevo modelo de relación entre el sector público y privado, en el que las empresas sean incorporadas de forma abierta a la planificación y puedan llevar incluso la iniciativa en los procesos de contratación pública, algo que, a su juicio, “facilitaría el acercamiento de las administraciones hacia ese sector privado innovador que ha sido reacio hasta ahora a participar en los grandes desafíos de mejora de la gestión pública”.
A este respecto, el autor de Actualidad por Derecho ha alertado del retraso administrativo español en la adopción de nuevos modelos como la compra pública innovadora, la colaboración público-privada o el project management, que son habituales en el mundo anglosajón y que están siendo promovidos claramente por la Unión Europea, aunque con limitado éxito en nuestro país. “Hay que abrir la contratación pública a nuevas fórmulas alejadas de la licitación tradicional, que permitan la iniciativa privada, compartir riesgos con ella, evitar desviaciones en los presupuestos, fomentar la innovación en los servicios públicos, premiar la eficiencia y medir el retorno y la adecuación a los objetivos públicos”.
Fernández Romero ha señalado que estas cuestiones son claves “no solo desde una perspectiva de gestión pública sino también estrictamente política”, pues “la salud de la democracia tiene mucho que ver con ellas”. En este sentido, ha subrayado hoy que muchos de los casos que hoy enturbian la vida pública nacional tienen que ver con “unos modelos de gestión pública obsoletos que desmotivan a los funcionarios al tiempo que facilitan el clientelismo y el uso partidista y patrimonial de las instituciones”. Por ello, ha calificado la reforma de la gestión pública como “uno de los retos verdaderamente cruciales de la vida política española”, y ha insistido en que esta pasa, en gran medida, por restaurar el prestigio de los funcionarios y empoderarlos como “directivos de lo público”, con autonomía, incentivos y responsabilidades sujetas a evaluación, como en el ámbito privado. “El problema de la función pública no es de horas de dedicación (ni de falta de control sobre ellas), sino de una política de alturas que dote a la clase funcionarial de los instrumentos y las competencias necesarias para realizar su trabajo”, ha explicado el abogado sevillano, que propugna una nueva lógica de la Gobernanza, según la cual la Administración debe jugar un papel no solo de ejecutor, sino de liderazgo regulador.
El autor de Actualidad por Derecho ha mostrado su preocupación por el hecho de que ésta y otras cuestiones claves de la vida pública estén siendo abandonadas o postergadas a favor de “estériles debates políticos que nos están llevando a una España ya no solo plurinacional, sino pluriemocional, campo de confrontación irreconciliable entre emociones identitarias excluyentes”. Fernández Romero ha señalado que este ambiente crispado es el caldo cultivo perfecto para los populismos y ha advertido que “estos son el mayor riesgo para la ley y la seguridad jurídica y por consiguiente para la democracia”.
En este sentido, ha recordado que la democracia es “mucho más que el principio de un hombre, un voto” y se ha referido a que “se está imponiendo una visión cuantitativa y cuasi estadística de la democracia que es muy reduccionista”. Al respecto, ha señalado que “en un Estado de Derecho, la ley es la máxima expresión de la voluntad popular, todos están sometidos a ella, incluso quienes tienen la potestad de modificarla” y ha considerado inquietantes “los síntomas de decadencia en el papel del Derecho como regulador de la vida pública del ciudadano”, síntomas cuya responsabilidad atribuye a una clase política que está “llevando el cumplimiento o incumplimiento del ordenamiento jurídico al territorio de lo dudoso, lo interpretable e incluso lo opcional”. “Hay un fenómeno de vulgarización de la institución de la ley, de debilitamiento de su mandato y de relitavización de los pronunciamientos judiciales que es tan alarmante como peligroso, pues lesiona la seguridad jurídica y por tanto debilita una de las columnas vertebrales de la democracia”, ha manifestado.
En esta misma dirección, Fernández Romero ha advertido del deterioro del debate público y se ha referido al imprescindible papel de los medios de comunicación en la conformación de una opinión pública cualificada. “Sin unos medios de comunicación fuertes e independientes, que filtren y jerarquicen la información verdaderamente relevante, la sociedad se convierte en campo abonado a las fake news y las noticias frívolas viralizables y por tanto a la degradación de la agenda pública y de la democracia”, ha señalado el abogado sevillano, que ha confesado que es precisamente el deseo de participar activamente en el debate público como una voz independiente de la sociedad civil lo que le lleva a dedicar tiempo a sus colaboraciones en diferentes medios de comunicación.
En la presentación de su libro, Fernández Romero ha estado acompañado de José Luis Lledó, decano del Colegio Notarial de Andalucía, y Alvaro Ybarra, director de ABC de Sevilla, medio que ha publicado la mayor parte de artículos que se recogen en esta obra. En la opinión de este último, se trata de “un libro profundo e interesante” que contribuye desde las corrientes filosóficas vinculadas al humanismo cristiano a que “las empresas y la gestión pública actúen como instrumentos de integración al servicio de la justicia social y como impulso para crear una sociedad más humana y desposeída de imposiciones ideológicas”. Al acto de presentación de Actualidad por Derecho han acudido numerosas personalidades del mundo empresarial y profesional andaluz, así como algunas autoridades y directivos del ámbito público, tanto de la administración regional andaluza como de varias administraciones locales.
El autor
Doctor en Derecho, Abogado y Profesor universitario. Experto en Sector Público y Gobernanza. Ha ocupado puestos de responsabilidad directiva en el sector de la empresa, Administración pública y en despacho de abogados. En la actualidad es Socio-Director de Cremades&Calvo-Sotelo.
Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales por su trayectoria profesional como el Premio europeo al Mérito profesional otorgado por Forum Europa, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo con distintivo rojo otorgada por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, el Premio a la trayectoria profesional otorgado por la Agencia de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza del Sector y la Medalla de Oro al Mérito Profesional otorgada por el Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud por sus aportaciones jurídicas en materia de Compliance.
Como profesor universitario ha escrito seis libros, sobre infraestructuras, contratación pública, management, colaboración público-privada, innovación y gestión de la reputación. En su dilatada experiencia profesional destaca su pertenencia a diversos Grupos de trabajo en la Administración Pública para la preparación de anteproyectos de leyes autonómicas o nacionales en el sector del agua, infraestructuras, servicios sociales y planificación de políticas públicas. Es miembro del Grupo de Expertos para la reforma de la Administración Pública en Andalucía.
