Propuestas para una jurisdicción penal post pandemia

Publicado el miércoles, 22 abril 2020

Luis Batlló Buxó-Dulce, Abogado, Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB, Ex Presidente de la Sección de Derecho Penal del ICAB.

Luis Batlló

Luis Batlló

En nuestra vida anterior, antes de la pandemia, ya era communis opinio que la justicia adolecía de un mal endémico, basado en su lentitud. Además, se ponían de relieve otras disfunciones (muchas de las cuales contribuían a esa lentitud) como por ejemplo la falta de medios (dicho así, en genérico) o la poca presencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo del proceso.

Sin embargo, ha tenido que ser la COVID-19 quien haya dado su golpe definitivo a un sistema judicial anclado en el siglo XIX, al haberse suspendido – como consecuencia del Estado de Alarma – no ya todos los juicios, sino también la tramitación de todos los procedimientos, salvo los gestionados en los Juzgados de Guardia y poco más, lo que provocará un colapso judicial de consecuencias impredecibles.

Es cierto que fue precisamente en el referido siglo cuando surgieron los mejores legisladores y cabe recordar, en este sentido, la brillante Exposición de Motivos de nuestra LECrim, redactada por el gran jurista Alonso Martínez.

También es verdad que fue en el siglo XIX cuando se promulgaron los derechos del justiciable y, gracias a pensadores como Beccaria, se estableció el derecho de defensa con las garantías que hoy existen, al menos en los Estados de Derecho.

No obstante lo anterior, los operadores de la justicia sabemos y vemos cada día como la víctima de desespera ante la insatisfacción procesal y el investigado cumple la pena de serlo por mucho más tiempo del necesario.

Y es que mientras el mundo avanza, nuestro proceso penal sigue en la época de Benito Pérez Galdós. Veamos algunos ejemplos, escogidos al azar:

No es lógico discutir cuestiones tan bizantinas como el poder especialísimo para interponer una querella, pues a ningún procurador de los tribunales se le ocurrirá interponer una querella sin instrucciones de su poderdante.

No es lógico tampoco que, existiendo la firma electrónica, un Juzgado no pueda notificar directamente a un letrado, por correo electrónico, una resolución judicial  (y no a través de un sistema como LEXNET, que no funciona correctamente).

Carece de sentido que el erario dedique ingentes recursos en la aplicación de un juicio con jurado, solo para demostrar que la justicia emana, en última instancia, del pueblo. El Poder Judicial debe acercarse a las personas por una vía mucho más llana, mediante un lenguaje pedagógico.

Podríamos poner otros tantos ejemplos de cuestiones prescindibles, pero la realidad es que la jurisdicción penal no satisface a nadie, ni a los operadores jurídicos ni, en última instancia, al ciudadano.

Si la justicia, en palabras de Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo, lo cierto es que – con nuestro proceso penal – ni la víctima queda compensada debidamente ni el penado recibe la respuesta equitativa, al menos en la mayoría de los casos.

Por ello, este breve artículo propone, a modo de mero apunte, intentar hacer fácil lo difícil, en la convicción de que la eficacia partirá de la simplificación de la jurisdicción penal.

Un supuesto paradigmático de la complejidad gratuita de nuestro sistema procesal reside en la existencia de varios procedimientos penales con el único fin, todos ellos, de buscar la verdad material, pero con diferencias en función de razones que no están justificadas.

Por ejemplo, ¿es necesaria la existencia de la cohabitación del procedimiento Sumario con el procedimiento Abreviado, solo en base a los años de pena solicitados en el escrito de acusación?

¿Acaso es más garantista el procedimiento Sumario y, si así fuese, no sería entonces un agravio la existencia de un procedimiento Abreviado?

La respuesta, en mi opinión, es que los dos procedimientos se parecen, que no acaba existiendo ninguna diferencia esencial entre ellos y que – en definitiva – se pueden aunar los dos, complementando (el que surgiera de ambos) con la parte general del Sumario, relativa a la forma de desarrollar las pruebas, las medidas cautelares etcétera, cuestiones que de hecho ya se aplican en el procedimiento Abreviado.

Por ejemplo, ¿es realmente necesaria la intervención (ahora preceptiva en el ejercicio de la acusación) del procurador de los tribunales, cuando la función de representación podría ejercerla también el abogado?

Entiendo que hay muchos intereses en juego, pero estos intereses no pueden socavar la necesidad de que la justicia sea, también, más económica.

Otro ejemplo lo tenemos en el denominado Juicio Rápido. ¿No podría aplicarse éste para todos los procedimientos de “instrucción sencilla” (como ya señala el artículo 795 de nuestra LECrim) en lugar de acudir – muchas veces innecesariamente – al Procedimiento Abreviado? (cuyo nombre no hace honor a la cosa, como sabemos).

¿No sería posible también, en aras a la eficacia, potenciar la mediación penal, buscando la recomposición de lo mal hecho por una vía más humana y, a la vez, eficaz?

Y, lo más importante de todo, ¿tan difícil es aplicar las nuevas tecnologías en la justicia?

En definitiva, la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de una jurisdicción obsoleta, vetusta a más no poder, barroca en su lenguaje, incomprensible para el ciudadano y lenta hasta la exasperación.

Los más puristas podrían alegar que la simplificación significaría un recorte en las garantías del justiciable, que tanto nos han costado obtener, pero en realidad lo que pesa en la justicia penal es su anquilosamiento, como si la toga e internet resultasen incompatibles.

Si realmente queremos que sea cierta la expresión “como mejor proceda en derecho” con la que encabezamos nuestros escritos, seamos un poco más abiertos y consigamos de verdad que el proceso penal entre de una vez por todas en el siglo XXI. Ese habría de ser nuestro verdadero animus.

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