El ‘caso Lienzo’, la más importante causa desarrollada en las últimas décadas contra una supuesta trama de falsificación de obras de arte en la Región de Murcia, acaba de ser apuntillada por haberse realizado en contra de la Ley y porque lo que sí se hizo legalmente derrocha dudas razonables. La Audiencia Provincial, estimando el recurso interpuesto por el abogado penalista de Murcia Raúl Pardo Geijo Ruiz, ha decidido que esa investigación judicial está formalmente terminada desde junio de 2017 y cualquier prueba ordenada por el Juzgado de Instrucción a partir de esa fecha debe ser considerada nula a todos los efectos y anula así, las últimas diligencias practicadas contra una supuesta trama que habría falsificado hasta 400 obras de arte, a instancias de este abogado penalista murciano. Entre las diligencias de gran relevancia que declara nulas son varias testificales de expertos en la materia de quien se esperaba por parte de la Fiscalía que viniera a consolidar las sospechas de falsificación en diversas obras de arte. El recurso que Raúl Pardo Geijo Ruiz presentó ante la Audiencia Provincial ha acabado dándole la razón, deja a todos los que estaban acusados sin ningún cargo y sólo se seguiría, en principio, el procedimiento frente a un único imputado –contra el que sí se habían recabado las pruebas de forma legal– pero ya no por esos hasta 400 cuadros sospechosos de haber sido falsificados por esta trama, que se centraba en simular obras de pintores murcianos del siglo XIX tan relevantes como Ramón Gaya y Sánchez Picazo. Sin embargo, ante tal débil material probatorio el Juzgado no tiene otro remedio que absolver a este único acusado porque cabía la duda de que no supiese de la falsedad de las obras cuando las vendió.
Consecuencia de la estimación del recurso de este abogado penalista murciano es que la pintura murciana del siglo XIX, representada por artistas de la talla de Pedro Sánchez Picazo, Manuel Picolo López, Antonio Meseguer Alcaraz, Germán Hernández Amores, Víctor Hernández Amores, Joaquín García Fernández y Manuel Arroyo y Lorenzo, entre otros, dejará de ser examinada bajo la lente de un microscopio. El descubrimiento por parte de la Guardia Civil de una supuesta trama delictiva, dedicada en apariencia a la falsificación masiva y venta de obras de relevantes artistas del siglo XIX, ha dejado ya de amenazar con causar un daño muy relevante al patrimonio cultural de la Región, simplemente porque es imposible demostrar su falsedad. Ello suponía no solo la desconfianza que la actuación de esta red generaba previsiblemente en el mercado del arte, sino también por el desprestigio y descrédito que podía provocar sobre la pintura de este periodo creativo, lo que explicaba que las diligencias se estuvieran coordinando desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia y no solo se centrasen en los presuntos delitos de falsificación y estafa, sino en determinar si además había podido producirse un atentado contra el patrimonio cultural. Finalmente, todo queda desvanecido y Pardo Geijo Ruiz, que siempre ha sostenido la veracidad de todas las obras, incluso con numerosos informes periciales aportados en causa, tiene vía libre para contraatacar ahora todos los agentes policiales y expertos que acusaron a esta trama (cada uno de sus integrantes con distintos presuntos roles) de falsificar las pinturas.
Lo destapó un coleccionista La adquisición que dio origen a este asunto, siempre según fuentes próximas a la investigación, fue la de dos pinturas tituladas ‘Arcos con Flores’, del artista Sánchez Picazo, que eran propiedad de A.O y que fueron vendidas a un coleccionista privado. Cuando éste planteó algunas dudas sobre la autenticidad de las obras, el propio A.O le habría remitido a M.P, con el compromiso de que si el dictamen de este experto resultaba desfavorable le reintegraría todo el dinero. Según las mismas fuentes, no hubo necesidad de llegar a ese extremo, debido a que M. P le habría asegurado que no existía duda alguna de que las pinturas eran de Sánchez Picazo. Finalmente, según un dictamen elaborado por el Centro de Restauración de la Región de Murcia, organismo dependiente de la Comunidad Autónoma, esas obras aparentaban ser falsas, lo que comprometería el dictamen ofrecido por M.P, al que también defendió Pardo Geijo Ruiz y que arremetió duramente contra los expertos en el curso de la investigación. No sería éste, además, el único juicio de este especialista que se hallaba en entredicho, según fuentes de la investigación, pues además destacaban los estrechos vínculos existentes entre M.P y el también sospechoso de formar parte del grupo, A.O. De hecho, el primero había sido comisario de varias exposiciones montadas por A.O, en las que se habrían mostrado obras cuya autenticidad estaba hasta ahora cuestionada. Una de las circunstancias que arroja mayores sospechas sobre la actuación de M.P radicaba en que algunas de las obras cuya autenticidad habría sostenido son falsificaciones de una aparente baja calidad. Razón por la cual se pensaba que difícilmente podría haber resultado engañado o confundido. Tanto es así que en el dictamen emitido por varios peritos, que fueron consultados por los responsables del caso, se llegó a afirmar que algunos de los cuadros son tan pobres y burdos que solo cabría explicarlos como propios de un mero aficionado a la pintura.
Un almacén repleto. Otro investigado por su presunta implicación, ahora absuelto, es el vendedor de arte M.L.L. quien dispondría de un gran número de cuadros en una especie de almacén de Murcia, muchos de ellos también de dudosa autenticidad, según las primeras valoraciones realizadas por expertos. Parte de esas pinturas -pertenecientes a autores como Hernández Amores, Manuel Picolo e Inocencio Medina Vera- se estarían ofertando a través de internet a precios que van desde los 10.000 euros. Unas cantidades que, en apariencia, estarían bastante por debajo del valor habitual de estas pinturas del siglo XIX. En el mismo sentido, el resto de investigados, como el conocido empresario C.B.D, gracias la estimación del recurso interpuesto, ven todo el procedimiento desmoronado dejando inmaculado su prestigio, al menos en sede penal. Cabe recordar que en febrero de 2015, el Museo Salzillo de Murcia tenía montada una exposición con obras de pintores murcianos del siglo XIX, pertenecientes a la colección de un importante empresario y que 19 de esos cuadros ofrecían serias dudas acerca de su autenticidad, según los expertos. Aunque el propietario se comprometió ante la Guardia Civil a hacer entrega de las pinturas en cuanto terminara la muestra, finalmente cambió de opinión y le hizo saber a los agentes que no se los daría. Otro de los principales investigados, que también defendió este abogado penalista de Murcia, lanzó un premonitorio mensaje a los medios «Mi honradez -concluyó-, después de treinta años al frente del Palacio, está por encima de todas esas chorradas. Nunca he hecho nada que pueda mancharme. Nada que pueda considerarse delictivo. Estoy con mi conciencia tranquila y pueden investigar lo que quieran porque estoy limpio. Lo que pasa es que en Murcia hay unas lenguas muy malas y la gente es muy envidiosa. No se aguanta que haya llevado el Almudí treinta años y con la dignidad con que lo he hecho».
