ALTODO apoya al ICA Malaga en la suspensión de las guardias presenciales

Publicado el lunes, 11 mayo 2020

Ciudad de la Justicia Málaga

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno, ALTODO, ha emitido un comunicado en apoyo del decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, quien suspendió la prestación del servicio de guardia de asistencia letrada a las personas detenidas mientras no se respeten las medidas óptimas de seguridad.

 

COMUNICADO  ALTODO

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), en apoyo a la decisión adoptada por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga de no propiciar la prestación del servicio de guardia de asistencia letrada a las personas detenidas mientras no se respeten las medidas óptimas de seguridad para la abogacía de oficio y sus clientes, quiere expresar su respaldo al Decano y resto de miembros de su Junta de Gobierno, así como su solidaridad con el resto de la abogacía de oficio de dicho Colegio profesional y, en este sentido, MANIFIESTA:

Como viene pidiendo esta Asociación desde el inicio de la crisis sanitaria, en sus comunicados de 11 y 29 de marzo, y ante la imposibilidad de garantizarse en las actuaciones presenciales la inexistencia de riesgo de ser contagiado ni de transmitir el contagio, incluso aunque se utilice material profiláctico y preventivo, y siendo perfectamente factible y  óptimo el uso de medios telemáticos, esta Asociación considera que los requerimientos de ciertos Juzgados obligando a los letrados y letradas a desplazarse físicamente solo puede calificarse como capricho innecesario, que no solo expone a la abogacía y a las personas que defienden de manera irrazonable y gratuita al contagio sino que refleja un profundo desdén, cuando no menosprecio, hacia los profesionales y hacia el resto de la ciudadanía y de los operadores jurídicos, pues no olvidemos que el riesgo de contagio es bidireccional.

Conforme dispone la propia Guía de Buenas Prácticas del Consejo General del Poder Judicial para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales, de 29 de abril, «durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, […] los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello».

En este sentido, no se puede desconocer que dichos medios técnicos están a disposición de cualquier juzgado y centro de detención, pues no estamos hablando de medios extraordinarios de última generación sino de disponer de una pantalla, ordenador, micrófono, webcam y conexión a Internet o, en su caso, si faltasen los anteriores, de un smartphone. Por tanto, decimos abiertamente que no es un problema tanto de medios, en este siglo XXI, sino de irrazonabilidad, afortunadamente, anecdótica.

No se alcanza a comprender en qué supuestos pueda ser más conveniente la presencia física de los intervinientes, toda vez que no sabemos en qué pueda resultar más beneficioso que tengan que comparecer provistos de mascarillas que ocultan el rostro y distorsionan la voz cuando pueden realizase los actos procesales y la propia asistencia letrada a las personas detenidas mediante medios telemáticos en los que se visionen los rostros de los intervinientes sin obstáculos y se oiga adecuadamente al interlocutor, cumplimentándose así incluso más satisfactoriamente el propio principio de inmediación judicial hasta que, esperamos que sea pronto, finalice el riesgo sanitario.

Por todo ello, ALTODO reclama no sólo el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria sino atender al sentido común y, así, que se eliminen los obstáculos a la defensa, a la tutela judicial y al acceso a la Justicia, sin riesgos, haciendo a los obstinados únicos responsables de las consecuencias que se deriven por su mera falta de voluntad.

En cualquier caso, y siendo la asistencia letrada a las personas detenidas un derecho fundamental (art. 17.3 CE), ALTODO también hace constar su absoluta confianza en que la abogacía de oficio jamás va dejar en ningún caso desatendido al ciudadano privado de libertad, bajo ningún concepto, ni a las mujeres víctimas de violencia, ni a los menores, ni a los desahuciados, ni a cualquier otro ciudadano que pueda necesitarnos.

Los abogados y abogadas de oficio continuaremos compareciendo en las comisarías, juzgados y centros penitenciarios; asistiendo y prestando asesoramiento a nuestros defendidos con el máximo celo y diligencia, verificando que se cumple escrupulosamente hasta el último de los requisitos legales a respetar en toda asistencia, incluido el derecho a la integridad y la salud, si bien en caso de que no se adopten las razonables medidas sanitarias no cejaremos en nuestro empeño de continuar realizando todas las acciones oportunas, caiga quien caiga.

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