Vallverdú Abogados recupera más de 100.000 euros invertidos en obligaciones subordinadas para una víctima del Banco Popular

Publicado el martes, 19 mayo 2020

El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de San Sebastián acaba de dictar una sentencia declarando que Banco Popular ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad e información en los contratos de adquisición de OBLIGACIONES SUBORDINADAS BANCO POPULAR 8% 11-21 (ES0213790019) y de OBLIGACIONES SUBORDINADAS BANCO POPULAR 8’25% 11-21 (ES0213790027) suscritas en el mercado secundario, condenando al Banco Santander a devolver 100.967,12  euros a un vecino de San Sebastián.

La sentencia recoge cómo el Banco Santander alegó en su defensa que el inversor era consciente de los riesgos a los que estaba expuesto el Banco Popular, que no hubo falta de información y que el cliente tenía un perfil cualificado porque había realizado inversiones en múltiples ocasiones.

Sin embargo, el juez considera  “que la información verbal suministrada por el banco no fue correcta ni adecuada ni suficiente para que aquel conociera las características esenciales y riesgos asociados de las obligaciones subordinadas, y que pudiera distinguir con claridad su diferencia con otros productos, tal y como afirma el perito Sr. Fernández Viar. Si nos fijamos en el caso de autos, las afirmaciones de la entidad bancaria demandada de haber cumplido con su deber de información verbal, antes y después de la contratación, no han quedado en absoluto probadas: no, desde luego, que fuera personalizada (se repite varias veces en la contestaciones “actores” y “demandantes” cuando solo es uno el actor/demandante) y que hubiera sesiones informativas, ni tan siquiera el contenido de tal información, pues el empleado que, al parecer, pudo informar y comercializar las obligaciones subordinadas, no estaba seguro de haberlo hecho personalmente.”

El juez concluye que “lo que sucedió, vistos los abundantes datos económicos que rodearon la compra del BANCO POPULAR, y las noticias de prensa referentes a una verdadera falta de veracidad, es que, de forma rotunda, el banco realizó durante años una contabilidad incorrecta, que no se ajustaba a la realidad. De este modo, contabilizando inadecuadamente e, incluso, sobrevalorando determinadas partidas, generó, de forma artificial, una apariencia de solvencia mayor, ocultando su frágil situación económica. Consecuentemente, los hechos atinentes a la peor situación patrimonial del BANCO POPULAR al tiempo de las adquisiciones de las obligaciones subordinadas por parte del aquí demandante en 2013, resultan probados, en primer lugar, de forma suficiente y convincente, mediante la documentación y el dictamen pericial.”

Para Rubén Cueto, socio director de Vallverdú Abogados: “es una sentencia muy sólida pues el juez describe de forma detallada que el Banco Popular había generado de forma artificial una apariencia de solvencia ocultando su frágil situación económica desde el año 2013. Hemos de recordar que en el presente asunto la demandante adquirió obligaciones subordinadas en el mercado secundario y las mantuvo hasta la intervención del Banco Popular confiando en la imagen de solvencia que proyectaba públicamente la entidad.

Hemos acreditado en la práctica de la prueba mediante la documentación y el informe pericial aportado que Banco Popular no reflejaba la imagen fiel de la empresa desde mucho antes de ser intervenido tal como se recoge en la sentencia, elemento indispensable para poder impugnar este tipo de contratos.”

Vallverdú Abogados ha ganado, con esta última resolución, el 100% de las demandas de Obligaciones y Bonos del Banco Popular planteadas desde el año 2014. Los afectados están todavía a tiempo de demandar.

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