Reflexiones tal vez apresuradas sobre los pretendidos juicios telemáticos en el orden jurisdiccional penal

Publicado el lunes, 25 mayo 2020

JUAN LUIS ORTEGA CALDERÓN, Fiscal Decano de la Sección Territorial Ocaña de la Fiscalía Provincial de Toledo

JUAN LUIS ORTEGA CALDERÓN

No son pocos los medios de comunicación, también éste, que en fechas recientes se han hecho eco de la posibilidad de agilizar el proceso de desescalada en el ámbito de la Administración de Justicia mediante el recurso a los recursos que las nuevas tecnologías ofrecen, acuñándose tal vez con cierto éxito social/jurídico el término “juicios telemáticos”. Incluso me atrevería a advertir la existencia de una especie de competición entre los diferentes órganos judiciales en orden a celebrar juicios de esta forma, dado que reciben una inmediata acogida, a veces entusiasta, pero que obliga a profundizar en la entidad del señalamiento verificado por tales medios para valorar si aún siendo telemáticos no son juicios plenos.

Bastará la referencia a una reciente noticia[1] publicada en este medio para realizar unas breves reflexiones sobre tales pretendidos juicios telemáticos. Se indicaba en la misma que el 18 de mayo de 2020 ante el Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga se celebró un juicio por videoconferencia, describiéndose la situación procesal telemática de la siguiente forma: letrados en la sede colegial, juez y fiscal en una sala de la ciudad de la Justicia y presos en el centro penitenciario. Por de pronto, la distribución descrita ofrece una importante omisión: desde dónde comparecieron los testigos y en su caso peritos, pues es fácil imaginar que una causa con preso implica un equipaje probatorio de cierta intensidad más allá del interrogatorio de los acusados. Tal vez la respuesta deba ofrecerse en la naturaleza del acto procesal desarrollado, en particular si implicó un plenario en sentido estricto o si meramente se trató de una de esas habituales vistillas de conformidad que con diferente argumentación procesal se desarrollan en particular en los  Juzgados de lo Penal, limitado su desarrollo precisamente a una adaptación  de las previsiones del artículo 787 Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr una sentencia de conformidad sin práctica de prueba. Difícilmente puede afirmarse en tales supuestos que se trate de un juicio oral en sentido estricto y no meramente un acto procesal en el que ciertas garantías del plenario quedan orilladas especialmente por no ser necesarias ( contradicción, inmediación o publicidad).

El proceso penal sin duda presenta peculiaridades propias  en el acto del juicio oral que lo hacen difícilmente compatibles con esa pretendida articulación telemática. Incluso las recientes normas dictadas al amparo de la crisis sanitaria que nos afecta aún mostrando simpatía por tales instrumentos tecnológicos, hasta el punto de ofrecer por primera vez la distinción terminológica  entre presencia física y telemática, sin embargo incorporan restricciones que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no acogía desde el año 2003. Sí, desde la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, por la que se incorporó el artículo 731 bis a la decimonónica norma, por el que ya establecía que el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también era objeto de reforma en virtud de la citada Ley Orgánica[2]. Su ubicación sistemática no es baladí: se encuentra en sede de regulación de juicio oral del sumario ordinario, esto es, de aquél proceso judicial en el que se ventilan responsabilidades penales contraídas por hechos que, en lo que ahora nos interesa, al menos en abstracto, revisten caracteres de delito castigado con pena privativa de libertad superior a nuevo años, por tanto, siempre delitos graves. Con deficiente técnica legislativa, el precepto habilita al Tribunal a decidir que la comparecencia del que califica como “imputado”, entiéndase procesado, se realice a través del sistema de videoconferencia, sin limitación penológica alguna. Sin embargo, el artículo 19 del reciente RD Ley 16/20 de 28 de abril, tras distinguir entre presencia telemática y física, con una dudosa habilitación normativa, impone que en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave, por tanto, en todos aquéllos en los que se sustancien responsabilidades penales derivadas de hechos calificados provisionalmente como delitos castigados con penas graves, esto es, penas previstas en el artículo 33.2 Código Penal. Provoca cierto desazón esa incoherencia normativa revestida de un halo de novedad que, sin embargo, si los medios materiales puestos a disposición de la Administración de Justicia lo hubieran permitido, debería ser una realidad consolidada. Y obliga necesariamente a una reflexión adicional: cómo es posible que esos operadores jurídicos que  ahora se lanzan con entusiasmo cuasi adolescente a los juicios telemáticos hubieran dejado que una norma como la nacida en 2003, caminara hasta casi culminar su adolescencia y alcanzar la mayoría de edad sin implantarse. Lo que queda fuera de duda es que el Legislador opta por restringir su aplicación al exigir imperativamente la presencia física del acusado en la sala del Tribunal en los supuestos indicados.

De igual forma el desarrollo del juicio telemático en el orden penal obliga a plantear si la exigencia del mismo precepto relativa a la constitución del Juzgado o Tribunal en su sede, artículo 19.1 de la citada norma, es compatible con la pretensión de algunos juzgadores de desarrollar tales actuaciones procesales desde sede más domésticas. El precepto resulta definitivo al respecto y debe diluir toda pretensión sobre el particular, como ya hiciera sin duda los puntos c y d del punto primero relativo de los Acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en la sesión extraordinaria de 11 de mayo de 2020.

Otros aspectos relevantes para el desarrollo de las vistas orales en la jurisdicción penal son los relativos al respecto a los principios del proceso,  en particular inmediación, publicidad, oralidad, concentración, unidad de acto y  contradicción. Con extraordinaria simpatía acogió el sistema de video conferencia la cercana STS 331/19 de 27 de junio[3] , anticipando al margen de toda crisis sanitaria el recurso a dicho sistema telemático, entendiendo que todas y cada una de las garantías vinculadas a los citados principios procesales quedaba satisfecha mediante el sistema de videoconferencia. Me resulta difícil compartir ese entusiasmo:

entender que la inmediación queda satisfecha porque la videoconferencia equipara jurídicamente la presencia física a la virtual supone un entendimiento de los sistemas de videoconferencia tal vez excesivamente entusiasta. La práctica revela como aspectos gestuales, formas de expresión incluso la propia voz se modulan a través del sistema de video conferencia. Baste recordar como en un ámbito como la credibilidad del testigo víctima de violencia de género las SSTS 119/19  de 6 de marzo y 291/19  de 31 de mayo examinaban la relevancia del llamado “lenguaje gestual» de convicción, indicando que  este elemento es de gran importancia y se caracteriza por la forma en que la víctima se expresa desde el punto de vista de los «gestos» con los que se acompaña en su declaración ante el Tribunal ( histrionismo, teatralización). Asimilar esa percepción entre la presencia telemática y la física tal vez desborde las exigencias de la inmediación. Actuaciones procesales como el reconocimiento en Sala por el testigo del autor de los hechos ( por todas, la reciente STS 77/19 de 12 de febrero) difícilmente pueden articularse por la comparecencia telemática de acusado y de testigo, pero que duda cabe de que resulta prácticamente inverosímil si la presencia de ambos se produce por medios telemáticos. Sin excluir que la necesidad de practicar esa diligencia puede resultar sobrevenida en el acto del juicio oral a petición de acusaciones y defensas, no siendo por tanto previsible ex ante para excluir la forma telemática.

Considerar que los medios telemáticos permiten la publicidad vinculada a la asistencia a las actuaciones judiciales de un mayor número de personas y aún medios de comunicación implica suponer que se articularán mecanismos para la presencia en Sala del público en general. No olvidemos la exigencia constitucional del proceso público y por tanto la necesidad de articular tal exigencias con las previsiones de los artículos 680 y 681 LEcrim.

Pero especialmente la contradicción del plenario puede resultar notoriamente controvertida. Es evidente que el interrogatorio cruzado propio del plenario, sometido a la dialéctica intensa de las partes que en un muchas ocasiones reclama fluidez en su desarrollo puede verse afectada por la propia realidad del funcionamiento de los medios telemáticos, cuando no del fácil recurso a la desconexión virtual de cualquiera de las partes cuando el desarrollo del interrogatorio no atiende a sus esperanzas procesales.

Mas en todo caso la posibilidad de juicio oral telemático en el proceso penal no debe interpretarse como ausencia de acusados, testigos y peritos de las sedes judiciales. Su presencia será telemática ante el Juzgado o Tribunal que conoce del plenario, pero necesariamente presencial en otra sede judicial. Por tanto, las ventajas se reducen a disminuir la necesidad de desplazamiento geográfico a la sede judicial que conoce del plenario, pero no aquélla en la que habrá de prestar su declaración. No es posible una pretendida constitución de acusados no privados de libertad, testigos y peritos en sus respectivos lugares de residencia o cualquier otro en el que se encuentren para desde allí intervenir en el acto del juicio oral. No pocas razones de índole práctica procesal militan en contra de dicha opción:

cómo comprobar antes de iniciar el juicio oral que todos y cada uno de los acusados, testigos y peritos que habrán de comparecer telemáticamente de forma sucesiva en el desarrollo de la vista han concurrido antes del inicio del juicio oral y lo hacen con los medios  técnicos precisos para su intervención;

cómo garantizar la incomunicación entre testigos, que ahora habrá de ser telemática, que prevé el artículo 704 LEcrim;

cómo podrá garantizarse que el acusado o testigo no se asiste de una copia de su declaración en fase de instrucción para reproducir en el plenario lo que allí manifestó;

cómo  podrá desarrollarse el reconocimiento por parte del testigo de las piezas de convicción conforme al artículo 712 LEcrim;

cómo proceder por medios telemáticos a la exhibición de documentos o reconocimientos de firmas, tantas veces reclamado por las partes, cuando no al ya citado anteriormente reconocimiento del acusado en el acto del juicio oral;

cómo garantizar que no se producirá una desconexión telemática sobrevenida del testigo ( y porqué no del acusado) ya accidental ya provocada si el curso del plenario no parece acomodarse a sus expectativas y, como desarrollo, cómo reaccionar ante tal vicisitud procesal. No olvidemos que esto es un proceso penal, en el que no sólo se ventila la honra y aún la haciendas, sino la propia libertad.

Y si quiera sea desde el punto de vista organizativo, como coordinar esa presencia simultánea durante todo el plenario de los acusados y sucesiva de testigos y peritos, garantizando además la adecuada conservación del acto del plenario conforme al artículo 743 Ley de Enjuiciamiento Criminal en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen cuando todas las partes intervienen telemáticamente.

Si la respuesta a tales interrogantes se ofrece mediante la exigencia de que la comparecencia se realice en otra sede judicial, el juicio telemático se convierte en un mero instrumento que reduce los desplazamientos pero no mitiga la presencia física de las partes, que pasará de unos órganos judiciales a otros. No se olvide que la experiencia demuestra que éstos otros en muchos casos  se corresponderán con sedes judiciales propias de la infra administración de justicia, con minúsculas, que se distribuye por esa pretendida justicia de trinchera, que más bien lo es de cartilla social, y estarán dotados de medios técnicos sin duda alguna más precarios que los que son propios de las sedes de los órganos de enjuiciamiento.

En definitiva, la cautela que ha demostrado el legislador para reducir a un precepto las novedades en la materia sin desarrollar propiamente un juicio oral telemático,  aquélla misma parsimonia que nos afectó durante casi dieciocho años para hacer uso de las previsiones del artículo 731 bis LECrim y los nos pocos problemas procesales esbozados,  deberían llevarnos a una reflexión reposada sobre ese, si se me permite, alocado propósito de una justicia penal telemática.

Un olvido inexcusable: una justicia telemática que reclama dotaciones presupuestarias primero, su ejecución después y su compromiso aplicativo por todos los operadores jurídicos, si es que fuera viable.


[1]ttps://www.lawyerpress.com/2020/05/20/los-juzgados-empiezan-a-celebrar-juicios-por-videoconferencias-una-semana-despues-de-que-el-juez-decano-de-malaga-alegara-que-no-era-posible/

[2]  Se le dotaba de la siguiente redacción: 3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal.

En estos casos, el secretario judicial del juzgado o tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.»

[3] http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/01b28e2eb56bb94f/20190705

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