Los principios de actuación del Ministerio Fiscal

Publicado el miércoles, 27 mayo 2020

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos.

Una de las cuestiones que más interés, desconocimiento y confusión produce entre los ciudadanos y entre los operadores jurídicos son los principios a los que estamos sometidos los Fiscales en nuestra actuación.

Escarlata Gutiérrez MayoEl Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional que está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Tiene como funciones promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en adelante EOMF).

Nos configuramos como operador jurídico imparcial, garante de la legalidad y defensor de los derechos de los más vulnerables: como los menores, las personas con discapacidad, y los consumidores y usuarios. Que seamos un operador jurídico imparcial implica que los Fiscales no tenemos ningún cliente, y ni siquiera representamos los intereses del Estado, ello le corresponde a los Abogados del Estado. Nos guiamos por la defensa de la legalidad tanto en el orden penal, como en todos aquellos procesos en los que la Ley prevé nuestra intervención.

¿Cuáles son los principios que rigen nuestra actuación? Nos regimos en nuestra actuación por los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad (art. 124.2 Constitución Española)

El principio de dependencia jerárquica es el que genera mayor confusión entre ciudadanos, operadores jurídicos y algunos políticos. Este principio provoca la errónea creencia que somos una estructura completamente jerarquizada en la que recibimos continuamente órdenes de nuestros superiores sobre cómo desempeñar nuestra actuación y que en último término podemos recibir órdenes del Ministro de Justicia o del Presidente del Gobierno. Dicha creencia no es cierta, habida cuenta que ni el Presidente del Gobierno, ni el Ministro de Justicia pueden dar órdenes o instrucciones de obligado cumplimiento al Fiscal General del Estado, ni a ningún miembro del Ministerio Fiscal. Así lo establece el artículo 55 de nuestro Estatuto Orgánico: “Ningún miembro del Ministerio Fiscal podrá ser obligado a comparecer personalmente por razón de su cargo o función, ante las autoridades administrativas, sin perjuicio de los deberes de auxilio o asistencia entre autoridades. Tampoco podrá recibir ningún miembro del Ministerio Fiscal órdenes o indicaciones relativas al modo de cumplir sus funciones más que de sus superiores jerárquicos”, y esta “jerarquía” acaba en el Fiscal General del Estado.

Por otra parte, el principio de dependencia jerárquica existe para garantizar nuestra unidad de actuación, es decir para que todos los fiscales realicemos una actuación unificada a nivel nacional, garantizando de esta manera la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos. Debido a que las cuestiones jurídicas admiten diversas interpretaciones, si no existiesen estos principios, por unos mismos hechos en Tarragona el Fiscal podría pedir un año de prisión, en Madrid 6 meses y en Sevilla el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Es más, si no se coordina una actuación unificada, podría llegar a producirse esta situación dentro de una misma Fiscalía Provincial en función del Fiscal que llevase cada asunto.

Para lograr esta actuación unificada se publican Instrucciones, Circulares y Consultas por la Fiscalía General del Estado sobre cuestiones jurídicas de diversos temas, y en cada Fiscalía Provincial los escritos que emitimos los Fiscales una vez dictado el Auto que acuerde la continuación de las actuaciones finalizada la instrucción, bien pidiendo la apertura del Juicio Oral y formulando escrito de acusación, bien pidiendo el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, son visados por el Fiscal Jefe Provincial. Dicho visado no se basa en criterios de oportunidad, sino únicamente en criterios jurídicos para coordinar la actuación de todos los Fiscales de la plantilla, a cuyo fin también se puede emitir por el Fiscal Jefe Notas de Servicio.

Debemos recordar que está previsto legalmente en el artículo 27 del EOMF un mecanismo para discrepar de una orden o instrucción que se considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo se estime improcedente. Este artículo permite en caso de discrepancia con la orden del superior, ponerlo en su conocimiento mediante informe razonado. En caso de querer persistir el superior con dicha orden se debe plantear y debatir la cuestión en la Junta de Fiscales (formada por todos los de la plantilla de una Fiscalía) y una vez ésta se manifieste, quien ha emitido la orden la ratifica o modifica.

Junto a estos principios de coordinación de nuestra actuación, tenemos dos principios esenciales que rigen siempre nuestra actuación y que están por encima de los anteriores: los principios de legalidad e imparcialidad.

El principio de legalidad, que viene recogido en el artículo 6 de nuestro EOMF, supone que actuamos con sujeción exclusiva a la Constitución y a las leyes y no basándonos en criterios de oportunidad política, económica o de otra índole. Somos aplicadores del Derecho, con independencia de la opinión personal o profesional que nos merezcan las leyes, cuya aprobación y modificación compete al legislador. Esto es una garantía esencial de la separación de poderes, base de cualquier sistema democrático.

Pero si existe un principio que define la figura del Fiscal y su actuación es el de imparcialidad, que viene recogido en el artículo 7 EOMF donde establece que el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados. Es decir, que nuestra posición no depende de ningún interés que no sea garantizar el cumplimiento de la legalidad. Por lo que se refiere a nuestro ámbito principal de actuación, la jurisdicción penal, esta imparcialidad se traduce en que tenemos el mismo interés en que se condene al culpable que en que absuelva al inocente, no cobramos más por acusar o por lograr sentencias condenatorias.

Esta imparcialidad no se compromete por la existencia de una actuación coordinada en todo el territorio nacional, articulada a través de la dependencia jerárquica, que como hemos visto es necesaria para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y la igualdad en la aplicación de la ley.

Hemos comenzado el artículo mencionando con relación a la dependencia jerárquica que no dependemos del Gobierno, ni éste puede darnos órdenes. Sin embargo, no puede obviarse que la cúspide de nuestra institución, el Fiscal General del Estado, es propuesto por el Gobierno, lo que proyecta una sospecha de afinidad política o ideológica con el mismo.

En mi opinión sería deseable para evitar esa sospecha de vinculación con el Gobierno que la elección se tuviese que realizar por una mayoría cualificada en el Congreso y que su mandato durase al menos 5 años, para que no coincidiese exactamente con los 4 que (en principio) dura el Gobierno que le hubiese nombrado.

También es necesario modificar las causas de cese suprimiendo la que le vincula al Gobierno que le nombró, fortaleciendo de esta manera la apariencia de independencia de esta figura, debido a que en el supuesto de ser elegido por afinidad o previsible lealtad, durante todo el desempeño de su función puede desenvolverse con completa independencia. Además, en períodos de inestabilidad política supone una garantía de continuidad en el cargo.

Sin duda, sería más que deseable que se reforzase nuestra autonomía presupuestaria y organizativa y que se modificase el sistema de elección y las causas de cese del Fiscal General, en particular para reforzar su apariencia de independencia, Sin embargo, que eso no se produzca no significa que actuemos como una institución jerarquizada en la que el Fiscal General nos esté dando continuamente órdenes e instrucciones de acuerdo con el Gobierno que le ha nombrado. Somos operadores jurídicos imparciales que estamos sometidos únicamente a la ley, dejándonos la piel con pocos medios para garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables.

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