¿Sindicatos o trabajadores?

Publicado el lunes, 1 junio 2020

Álvaro San Martín, abogado laboralista de Bufete Casadeley

Álvaro San Martín, abogado laboralista de Bufete Casadeley

El COVID-19 ha precipitado al ejecutivo a cambiar las reglas del tablero. La salida inminente trabajadores de muchas empresas ha obligado a fabricar unas especialidades legales de los mecanismos ya existentes que permitían la suspensión colectiva de los contratos de trabajo por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

Las más utilizadas, los ERTE por fuerza mayor (con la especialidad introducida por el art. 22 Real Decreto-ley 8/2020), acortan acertadamente los plazos y amplían el paraguas de protección a más trabajadores perjudicados por el coronavirus. Sin embargo, poco se habla del otro tipo de ERTE, aquellos por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, para los cuales también se introdujo una especialidad (art. 23 Real Decreto-ley 8/2020) que facilita plazos y, sobre todo, otorga un considerable protagonismo a los sindicatos en el caso de que no existan representantes de los trabajadores en la empresa.

En un contexto normal, cuando no exista representación de los trabajadores al aplicar este tipo de ERTEs, la ley permite a estos “optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión (…) integrada por trabajadores de la propia empresa (…) o a una comisión (…) de componentes designados (…) por los sindicatos más representativos” (art. 41.4.a Estatuto Trabajadores). La especialidad, sin embargo, elimina ese derecho de opción de los trabajadores a poder ser representados por sí mismos, cuando señala que “la comisión representativa (…) para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos (…) [y] en caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa” (art. 23 Real Decreto-ley 8/2020).

Esta última frase de la especialidad no puede entenderse como que los trabajadores dejan “a su elección” quién les va a representar, sino más bien todo lo contrario al entender que existe un obligado orden de prioridad: primero los sindicatos más representativos, y en caso de frustrarse esta primera alternativa, los trabajadores de la propia empresa.

A priori se entiende que el gobierno ha querido dar prioridad a los sindicatos en la negociación de estas medidas impuestas unilateralmente por el empresario cuando provengan de causas indirectas provocadas por el coronavirus (como puede ser disminución de la actividad o la disminución de la facturación). En cierto modo tiene lógica, pues tiene que haber un filtro importante que compruebe que todos los salarios que dejan de percibir los trabajadores a elección del empresario realmente se ajustan a la realidad y no supone un excesivo abuso de las prestaciones por desempleo.

Sin embargo, por otro lado, carecen de sentido muchas situaciones que se están viendo en la práctica real estos días cuando, en empresas con centros de trabajo sin representación en las que los propios trabajadores –que conocen mejor que nadie los entresijos de su actividad diaria– quieren ser representados por ellos mismos, es apartada esta posibilidad en favor de los sindicatos más representativos.

Sin duda la voluntad del ejecutivo no es dificultar, sino reforzar los filtros de control de derechos y prestaciones a la vista de la difícil situación que está atravesando el país. Sin embargo, la práctica real aparenta lo contrario, y uno se pregunta si no existían otros filtros mejores como por ejemplo desviar ese protagonismo a reforzar al personal de las administraciones que componen la autoridad laboral por el evidente sobre esfuerzo que están realizando estos días, incentivándoles en algún sentido.

Estas situaciones, donde se echa de menos cierta lógica en la práctica, no son más que el resultado de la falta de experiencia en la gestión de este tipo de crisis, como es normal, y sólo esperemos que queden en el recuerdo de completos manuales de actuación que no tengan que leer ni los nietos de nuestros nietos.

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