Requisitos para poder solicitar la devolución del IVA de facturas impagadas

Publicado el martes, 2 junio 2020

David Podadera, abogado de RSM Spain.

David Podadera

 

Con el fin de aliviar la liquidez de las empresas, existe la posibilidad de solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la devolución de las cantidades que hayan sido abonadas en concepto de IVA de facturas que sean consideradas total o parciamente incobrables.

Para que las facturas puedan considerarse como incobrables como primer requisito, debe haber transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, dicho plazo se reduce a seis meses cuando el titular del derecho de crédito sea una PYME, empresario o profesional cuyo volumen de operaciones en el año natural inmediato anterior no haya excedido de aproximadamente seis millones de euros; en concreto 6.010.121,04 euros.

Una vez finalizado el plazo previsto para ambos supuestos, el titular del crédito dispone de un plazo de tres meses para solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la devolución de los importes abonados en concepto de IVA de las facturas consideradas incobrables, siguiendo el procedimiento previsto para ello por el artículo 24 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
No obstante, además de dicho requisito temporal, el artículo 80.4. de la Ley del IVA exige también el cumplimiento de las siguientes condiciones para que pueda solicitarse la devolución del impuesto:

–       Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este impuesto.

–       Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.

–       Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por entes públicos. En las operaciones que tengan por destinatarios a entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial se sustituirán por una certificación expedida por el órgano competente.

Respecto al requisito relativo a la reclamación judicial, ésta puede realizarse a través del procedimiento monitorio, pudiendo reclamarse por este cauce legal cualquier importe, siempre que se trate de una deuda líquida, determinada, vencida y exigible. Dicho procedimiento es un mecanismo ágil y sencillo para la reclamación de deudas.

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