Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.
El pasado 20 de mayo el Tribunal General de la UE con sede en Luxemburgo rechazó los recursos presentados por la pública rusa Gazprom contra la directiva 2019/692 que modifica la directiva 2009/73. Esta norma señala que el productor de gas no puede además ser propiedad del gaseoducto. Y esa norma se aplica tanto para los estados miembros como para terceros países operando en el espacio europeo.
La conclusión de dicha directiva es que Gazprom, productora de gas no podría al mismo tiempo ser la propietaria del gaseoducto Rusia-Alemania. Es decir, estarían obligados a vender el gaseoducto para evitar la concentración de mercado. Por eso pidieron la derogación parcial y posteriormente la anulación total de la directiva. Alegaron que la directiva suponía una modificación sustancial en su modelo de negocio
Luxemburgo rechaza la pretensión, pero dirige la reclamación al regulador nacional -alemán- ya que dispone de margen de apreciación para aplicar excepciones o derogaciones. Sin embargo, el regulador nacional ya se había pronunciado unos días antes, el 15 de mayo, negando la posibilidad de excepcionar la aplicación de la directiva a Gazprom.
El tribunal europeo aclara además que este criterio se aplica tanto a Nord Stream AG1 (de la que Gazprom posee el 51%) como a Nord Stream AG2, propiedad 100% de Gazprom. “Nord Stream AG1 no tiene derecho a seguir operando al margen de la regulación europea”, señala el fallo. La conclusión es obvia: Gazprom está obligada a vender su gaseoducto.
Podría argumentarse que la decisión de Luxemburgo viola el principio de libertad de mercado. Pero conviene recordar que Gazprom no sólo es una compañía extracomunitaria, sino que es una compañía pública. Es decir, es el estado ruso el propietario de dicha infraestructura. Y conviene recordar también que se trata de una infraestructura esencial porque es la garantía de que muchos ciudadanos europeos puedan pasar el invierno sin frío y de que la industria europea tenga energía para funcionar.
¿Tiene sentido que el bienestar de los europeos y su industria esté en manos de un estado extranjero? La UE invierte cerca del 50% de su presupuesto en la Política Agraria Común. La razón es sencilla: no podemos depender de terceros para algo tan básico como la alimentación. Y para poder contar con esa garantía alimentaria invertimos mucho dinero en un sector mucho menos competitivo que la mayoría de los países externos.
En este caso pasa algo parecido. El suministro energético es estratégico. Y Europa no es productora ni de gas ni de petróleo. Nuestra dependencia energética es un tendón de Aquiles. Pero si encima tampoco contamos con el control del transporte, nuestra dependencia energética es total. Esta es la razón de la mencionada directiva.
Ahora está por ver la respuesta de Rusia. Puede responder con la diplomacia tratando de burlar el fallo de Luxemburgo. O puede crear una nueva sociedad pública a la que traspasar estos activos, de manera que técnicamente la propiedad de producción y de distribución sean diferentes, aunque el dueño -el estado ruso- sea el mismo. Sería una manera de burlar el espíritu de la directiva y el fallo de Luxemburgo sin perder el control estratégico de la energía europea.
Una triquiñuela que volvería a poner de manifiesto la gran debilidad europea: la energética, la ausencia de un plan real que garantice el autoabastecimiento y por tanto la independencia energética.
