La Asociacion Profesional de la Magistratura, APM, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, AJFV, han pedido en sendos comunicados la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. El Foro Judicial Independiente, FJI, constata que este asunto le deslegitima para volver a ejercer la función judicial.
La AJFV, la segunda asociación más representativa entre los jueces y magistrados españoles considera “inaceptable” que un Estado democrático permita a un ministro de Interior “tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”, lo que para AJFV “no es otra cosa que una sanción”, en contra de lo manifestado por el propio ministro en un primer momento, cuando justificó dicho cese en una supuesta “pérdida de confianza”.
AJFV denuncia también que este cese supone una “flagrante vulneración del principio de separación de poderes”, además de reflejar un “intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar”, todo ello al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por último, termina recordando que “lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial”.
La APM considera que “la decisión del Ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el Presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución como norma fundamental que nos hemos dado todos los españoles como salvaguarda de una convivencia pacífica.”
Continua la APM: “Desde el respeto a nuestra independencia y a la división de poderes creemos que no nos corresponde como asociación judicial instar ceses o dimisiones, pero por el mismo motivo pedimos al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los Jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna.”
Para el FJI “los hechos son muy graves.” Recalcan que “el Ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias (D. P. 607/2020, Juzgado Instrucción 51 Madrid) que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte.”
Subrayan asimismo que “todo lo acontecido, no solo le deja en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial.”
Desde Foro Judicial Independiente llevan “años reclamando reformas para garantizar una efectiva separación de poderes que refuercen la independencia judicial, y al tiempo venimos solicitando que se ponga fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la política, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricción o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial. Los hechos que hemos conocido hoy son una muestra más de la necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados.”
