El grupo LABE lleva desde el pasado mes de octubre ofreciendo el Servicio de Orientación Jurídica de Madrid (SOJ), que se encarga de atender a los ciudadanos en la defensa de sus derechos, tramitación de reclamaciones judiciales u obtención de asistencia jurídica gratuita.
En el pliego de condiciones de admisión del concurso se especificaba que podrían optar a la adjudicación “las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica”.
Este servicio de orientación jurídica lo llevaba prestando desde hace más de 30 años el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en colaboración con el Consorcio. Fue el 21 de octubre de 2019 cuando se produjo su adjudicación a favor de LABE. Pocos días más tarde, el 31 del mismo mes, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) denunciaba esta adjudicación realizada a través de concurso público por el Ayuntamiento de Madrid, llevándola incluso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
No obstante, ya no se trataba de la primera acción que se ejercía por parte de Altodo y el Colegio de Abogados de Madrid frente a esta licitación. Ya en junio del mismo año solicitaban al Ayuntamiento de Madrid la retirada del concurso, postulándose a favor de la llevanza del SOJ por parte de los mismos medios que lo habían llevado desde hacía 30 años.
En respuesta a esta reiterada petición por parte del Colegio de Abogados de Madrid, se ha pronunciado la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Madrid, Sección Tercera, en su Sentencia número 235/20, de 17 de junio de 2020, desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el ICAM y manifestando que la adjudicación se produce conforme a derecho. Así, en consonancia con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los servicios no tienen por qué ser prestados por el Colegio de Abogados, tal y como pretendía la parte actora.
Ante esta situación, declara Daniel Burón, director del área jurídica de LABE: “Lo que pretendemos con esta acción es llegar a las personas que necesitan asistencia jurídica y orientarlos de la mejor manera posible, aportando los mejores medios y expertos de cara a la plena satisfacción de los usuarios del servicio”.
El grupo LABE asegura que el servicio seguirá siendo gratuito para los usuarios, pretendiendo ser más eficientes en su prestación de lo que estaba siendo hasta el momento. Con este cambio se produce una ruptura con la antigua forma de prestar el servicio a los ciudadanos, siendo el ganador del concurso el que mejores condiciones ofrecía de entre los aspirantes a la adjudicación.
