Una mirada a Europa en el ámbito del derecho animal

Publicado el martes, 12 enero 2021

Judith Mínguez, jueza.

Judith Mínguez, magistrada sustituta y criminóloga

Judith Mínguez, magistrada sustituta y criminóloga

Pese a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 en materia de derecho animal, la misma se erige en la actualidad como insuficiente, mostrando a los operadores jurídicos en su día a día las carencias de los únicos dos preceptos que nuestro Código Penal dedica a la materia y resultando del todo imprescindible la tan reclamada Ley Integral contra el Maltrato Animal.

Ciertamente, desde la entrada en vigor de la reforma referenciada, concretamente, el 1 de julio de 2015, puede apreciarse un incremento de los casos enjuiciados que han obtenido Sentencias condenatorias, en la mayoría de ocasiones gracias a la ardua tarea que realizan las asociaciones de protección animal que intervienen en el procedimiento como acusación particular o, incluso, popular. Ello no obstante, y debido a las penas recogidas en los artículos 337 y 337 bis del Código Penal, en la mayoría de supuestos, al penado se le suspende la ejecución de la pena privativa de libertad y a su vez, son muchas todavía las zonas grises y lagunas de las que adolece nuestra legislación.

Frente a tal situación, el pasado 27 de junio de 2018 se aprobó en Luxemburgo una Ley que, pese a su brevedad, debería convertirse en el espejo en el que se miren el resto de países europeos en tanto que, solventa de un modo claro y contundente muchas de las carencias ante las que todavía nos encontramos.

La entrada en vigor de la normativa citada, convierte a Luxemburgo en pionero en materia de Derecho animal, persiguiendo, tal y como ya enuncia el primero de sus artículos, el aseguramiento de la dignidad, la vida, la seguridad y el bienestar de los animales. Tal precepto es toda una declaración de intenciones y refleja un intento de equiparar los derechos de los animales con los del género humano, sin olvidar en ningún caso las diferencias existentes entre ambos.

Así, el artículo tercero recoge una serie de definiciones que eliminan cualquier género de dudas y acotan qué deben entender los operadores jurídicos por animal, extremo este que todavía no se ha conseguido en España pese a la ya extendida conceptualización, en la actualidad, de los animales como seres sintientes y no como bienes semovientes, aunque tal argumento todavía no tenga sustento legal.

Al amparo de la norma objeto de análisis, los animales deberán considerarse seres vivos no humanos dotados de sensibilidad en tanto que poseen un sistema nervioso que les permite sentir dolor. Cabe poner de relieve que el ámbito de aplicación de esta novedosa ley se extiende no solo a los animales vertebrados sino también a los cefalópodos, tal y como establece su artículo segundo.

Una sucinta lectura de la norma permite vislumbrar que no nos hallamos ante una ley de mínimos sino ante una regulación global que, tal y como se ha expuesto con anterioridad, permite garantizar no solo el bienestar físico de los animales sino también, algo que en nuestro país todavía sería tildado de absurdo, su bienestar psicológico. Así, el artículo cuarto reseña las obligaciones de todo aquel que posea un animal, no limitándolas a las relativas a su cuidado básico sino, asegurando su bienestar global. Merece especial mención la obligación de garantizar las necesidades naturales de ejercicio y movimiento del animal a fin de evitarle dolores, sufrimientos o lesiones así como, la iluminación, temperatura, humedad, ventilación, circulación del aire y las demás condiciones ambientales de su alojamiento, de conformidad con las necesidades fisiológicas de la especie.

Resulta cuanto menos curioso el hecho de que muchos episodios de maltrato animal acaecidos en nuestro país, se perpetran a plena luz del día y en la vía pública. Así suele suceder en los numerosos ataques a felinos con petardos, introduciéndolos incluso en su cavidad bucal, normalmente llevados a cabo por menores de edad. Pues bien, lo curioso del acto, más allá de las dantescas consecuencias del mismo, es la inactividad ciudadana inherente al mismo en tanto que, no solo se erige como una tarea quasi imposible el hecho de encontrar testigos sino que, la omisión del deber de socorro es la tónica general en estos supuestos.

Ese tipo de actuaciones, más allá del reproche social o moral, no pueden subsumirse en el tipo previsto en el artículo 195 del Código Penal siendo que, la nueva ley luxemburguesa debería ser un modelo a tomar en consideración también por lo que respecta a este extremo. Su artículo décimo segundo recoge un listado de prácticas prohibidas entre las que figuraría no solo la omisión de socorrer a un animal herido o que se halle en peligro sino también, la práctica de actos sexuales con ellos, determinadas modalidades de caza o concursos de tiro con animales vivos entre otras muchas, dignas todas ellas de consideración en nuestro país.

Otra problemática que se suscita con asiduidad en España sería la generada por las intervenciones en caso de riesgo inminente para el animal, esto es, supuestos de animales encerrados en balcones o terrazas con temperaturas extremas, sin alimento o en un vehículo en pleno verano. Son múltiples los casos que aparecen de manera habitual y ante los cuales, tanto particulares como miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se plantean cuál debe ser su modo de proceder a fin de aunar los conceptos de bienestar del animal y respeto a otros bienes jurídicos protegidos como sería la propiedad privada o la morada. No debe olvidarse que, en estos supuestos, la celeridad en la respuesta puede ser crucial y, desgraciadamente, la demora compromete en múltiples ocasiones la integridad del animal. Pues bien, la ley objeto de estudio, en su artículo décimo cuarto, autoriza al director de los servicios veterinarios, previa comunicación al ministro, para que en caso de riesgo inminente no solo para la vida del animal sino también para su seguridad, bienestar y hasta para su integridad, a fin de que actúe como autoridad y tome ciertas medidas de urgencia que el propio precepto reseña, asegurando así una rápida respuesta.

De lo expuesto se infiere que no se precisa una legislación extensa para solventar las lagunas existentes en nuestro país sino tan solo, voluntad de regular y de hacerlo de manera clara, precisa y cuanto más concisa mejor.

 

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