Representantes de la Abogacía Catalana y las entidades que han firmado el convenio. De izquierda a derecha Manuel Palou (Presidente Dincat), Eva Ribó (Consellera Consell Advocacia Catalana), Roser Roigé (Presidenta COCEMFE), Antonio Guillén (Presidente COCARMI) y Encarna Orduna (Vicepresidenta Consell Advocacia Catalana)

El Consell de l’Advocacia Catalana ha firmado hoy un convenio de colaboración con la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Catalunya (COCEMFE), el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) y la Federación de Entidades de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Catalunya (DINCAT) con el objetivo de trabajar conjuntamente para eliminar las barreras que aún existen para las personas con discapacidad a la hora de acceder a la justicia.

El objetivo del convenio es que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, en cumplimiento del artículo 24 de la CE que garantiza el derecho de las personas con discapacidad a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, el derecho a la defensa y la asistencia letrada conforme a las condiciones básicas de no discriminación.

Con este fin, las entidades y el Consell de l’Advocacia Catalana han acordado poner en marcha una campaña que, bajo el lema «Haciendo accesible la justicia», promoverá el acceso a la justicia de personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea intelectual, física, sensorial, psicosocial o del desarrollo.

«De acuerdo con las normas internacionales, las personas con discapacidad deben poder utilizar los sistemas de justicia con la misma facilidad que cualquier otra persona» ha manifestado la presidenta en funciones del Consell de l’Advocacia Catalana y decana de Reus, Encarna Orduna , para añadir que «es necesario que se lleven a cabo una serie de actuaciones destinadas a conseguir la plena igualdad, sin permitir que se discrimine a nadie por el hecho de tener una discapacidad»

Implementar la figura del «facilitador» de justícia

Por su parte, la consejera de la Abogacía Catalana, Eva Ribó, ha manifestado su intención de «trabajar con la idea de que tenemos que dedicar todos los esfuerzos para lograr un verdadero acceso a la justicia de las personas con discapacidad desde de todas las vertientes, tanto en cuanto a las barreras físicas como las cognitivas». La también decana del Colegio de la Abogacía de Sant Feliu de Llobregat ha destacado la necesidad de «aplicar los ajustes de procedimientos necesarios con todas las herramientas adecuadas, impulsando -entre otras medidas- la implementación del facilitador de justicia», una figura que tiene la función de informar y ayudar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y acompañar a sus familias a lo largo de los procesos policiales y judiciales.

Las cuatro entidades acordarán un plan de trabajo y crearán una Comisión de Seguimiento de las acciones previstas y de sus resultados.