El Notariado aborda con entidades sociales y altos cargos de la Administración los problemas de los menores en España

Publicado el miércoles, 23 junio 2021
Ana Cristina Gómez y Jose Angel Martinez  Sanchiz

Ana Cristina Gómez y Jose Angel Martinez Sanchiz

La asistencia a las familias, la coordinación entre las administraciones públicas de las distintas CC.AA. y la protección de los niños extranjeros y migrantes no acompañados (menas) protagonizaron la II Jornada sobre “La protección social, económica y jurídica del menor”. Organizada por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado (CGN) se celebró ayer en su sede y se retransmitió vía online.

Durante la inauguración, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz señaló la importancia de la familia y de la prevención de los malos tratos en su interior: “No respetar los derechos de los niños y los adolescentes constituye una auténtica violencia que la sociedad no puede permitir”. “Para protegerlos, y a consecuencia de las anteriores jornadas, el Notariado dictó la Circular 7/2020 sobre la actuación notarial en aquellos documentos que afectan a la función de guarda de los menores de edad, en la que también se trataba de identificar factores de riesgo de abusos a menores”, explicó el presidente.

Acompañó al presidente en la apertura la subdirectora general de Protección del Menor de la Comunidad de Madrid, Ana Cristina Gómez, que incidió en que durante los coloquios “pondremos el foco en la prevención, en la coordinación y en situaciones en las que hay que trabajar a nivel internacional”.

La asistencia a la familia

La primera mesa de diálogo contó con la participación del notario de Madrid y presidente de la Asociación Familias para la Acogida, Jorge Prades; la subdirectora general de Protección del Menor de la Comunidad de Madrid, Ana Cristina Gómez; la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, María de Arauz; la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, María Linacero y la jefa del departamento de Protección a la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid, María Almudena Ramos.

Los ponentes coincidieron en la relevancia del papel que juega la familia para el crecimiento y desarrollo de los niños.  Ana Cristina Gómez indicó que “nos enfrentamos a grandes retos en el trabajo contra la violencia, así como en la reducción de la pobreza infantil y la integración de los menores extranjeros, pues alcanzan el 14% de la población foránea de la Comunidad de Madrid”.

En este sentido, María Arauz, también hizo alusión a los menores migrantes y no acompañados “tenemos que darles la capacidad de integrarse”. Coincidió María Almudena Ramos: “Estos niños vienen sin redes de apoyo, sin familiares ni amigos y eso hace que se generen situaciones de desprotección”.

Por su parte, el moderador del diálogo, Jorge Prades, señaló la importancia y valor de las familias de acogida “su función es esencial”. María Linacero explicó que “dentro de su vulnerabilidad hay que facilitar a los niños y adolescentes que puedan ejercitar sus derechos”.

Coordinación entre administraciones

El segundo diálogo del día versó sobre la coordinación de los agentes implicados en la protección de la infancia y la adolescencia, con especial referencia a las guardas de hecho de menores. Moderado por la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco, contó con el fiscal de sala de la Fiscalía de Menores, Eduardo Esteban; el subdirector general de Políticas de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, José Luis Castellanos; el magistrado del Juzgado de Familia número 24 de Madrid, Juan Pablo Gonzalez; y la letrada del Menor de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Antonia Fuentes. Todos pusieron el acento en la necesidad de alcanzar una mayor coordinación y cooperación entre CC.AA. que cuentan con “disparidad de normas y formas de actuación en lo relativo a la protección de menores”, como matizó el fiscal Eduardo Esteban.

Cuestiones internacionales

Durante la jornada también se abordó la dificultad de tratar los asuntos internacionales y la necesidad de crear un Libro blanco de buenas prácticas. El diálogo moderado por el notario de Madrid, Juan Pérez Hereza, contó con la intervención del inspector jefe de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Juan José Hernández; la abogada del equipo de Incidencia Política de Cáritas, María Segurado; la jefe del Área de Protección del Menor de la Comunidad de Madrid, Esther Abad; y la directora de la Clínica Jurídica de la universidad Pontificia de Comillas, Isabel Eugenia Lázaro.

En este sentido, María Segurado explicó las necesidades con las que se encuentran en Caritas para documentar a los niños extranjeros no acompañados “tenemos dificultades para tramitar la cédula de inscripción y algunos niños acaban siendo apátridas”. “También sucede que un padre o madre desaparece y el otro progenitor, que se queda con el niño, no puede tomar algunas decisiones porque necesita su firma”.

Por su parte, Esther Abad explicó que “es complicado comprobar la veracidad de algunos documentos extranjeros”. Isabel Lázaro amplió esta idea “se plantean nuevas situaciones que son resultado de la globalización y tenemos que buscar soluciones”. Para ello, se habló de realizar “una guía de buenas prácticas a nivel internacional”, comentó Juan Pérez Hereza.

Juan José Hernández, informó de que “a día de hoy es muy habitual que los menores españoles, y de otras nacionalidades, viajen sin sus padres y todo ello debe hacerse bajo la legalidad”.

Finalmente, Jorge Prades, añadió que “tenemos un reto que conviene abordar, la equivalencia funcional en la documentación notarial, el comprobar si determinado documento internacional cumple los requisitos legales”. “Se podría hacer un libro que mejorase, en origen, el contenido de los documentos para que fuesen más fácilmente manejables e interpretables en España”, explicó.  Y a continuación, el notario clausuró el acto agradeciendo a los asistentes su colaboración y participación “en la protección de los derechos de los menores”.

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