AEDAF inicia un ciclo de cuatro sesiones de debate y análisis de la reforma fiscal planeada por el Gobierno

Publicado el viernes, 15 octubre 2021

La demarcación territorial de Madrid- Zona Centro de AEDAF ha iniciado un ciclo de cuatro sesiones de análisis y debate sobre la reforma fiscal que está planteando el Gobierno.

Con el nombre: «Reflexión sobre la Reforma Fiscal. Imposición autonómica y control del gasto público. Desmontando algunos mitos, esta primera sesión reunió a José Andrés Sánchez Pedroche, abogado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad a Distancia de Madrid; Enrique Giménez Reyna, abogado y miembro del Consejo Asesor Institucional de AEDAF; y Fernando Prats Mañez, inspector de Hacienda del Estado.

Sánchez Pedroche destacó el desequilibrio evidente entre el férreo control tributario y el gasto público en España y pronosticó el fracaso de una reforma fiscal apoyada únicamente en los tributos. Sánchez Pedroche reclamó un control del gasto público equivalente al que se impone a los contribuyentes.

Por su parte, Enrique Giménez Reyna habló de la enorme diversidad entre las distintas comunidades autónomas (posiciones políticas, diferencias económicas, de capacidad fiscal, etc.): “La reforma del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) es algo necesario que ya venía programado desde que se aprobó en 2009. Sin embargo, el Gobierno pretende una armonización fiscal interterritorial de las CCAA de régimen común, aunque todavía no sabemos en qué va a consistir y cómo se va a conseguir”.

Y añadió: “La reforma del SFA se concibe como una iniciativa para neutralizar la autonomía fiscal que ejerce la Comunidad de Madrid, sobre todo en el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones”. Giménez Reyna defendió la necesidad de elegir entre establecer límites de imposición, por un mínimo o por un máximo, o bien establecer una horquilla, pero en cualquier caso “parece que no hay que aumentar las competencias normativas. Si se introducen limitaciones a la capacidad normativa de las CCAA, hay que hacerlo con mesura y coherencia”.

En último lugar, Fernando Prats, analizó la situación del impuesto sobre sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio. En cuanto al primero de ellos, propuso mantener la vigencia del impuesto porque “grava una capacidad económica real, contribuye a la redistribución de la riqueza, cierra el control de transmisión de bienes en el IRPF y está vigente en la mayoría de los países de la UE y en las democracias avanzadas del resto del mundo”. Sin embargo, se debería “reducir los tipos de gravamen que hoy son casi confiscatorios, del 54% al 65% para hermanos, tíos y sobrinos, y del 68% al 82% para primos hermanos, parientes más lejanos y extraños. Podrían aprobarse nuevas tarifas en los siguientes rangos: Para grupos I y II del 2-4%, para grupo III del 6-8% y para el grupo IV del 10-12%. Con esta modificación desaparecerán sustancialmente los problemas de diferencias de tributación entre CCAA”.

Por lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio, Prats se mostró partidario de derogarlo por su baja recaudación, por los efectos económicos negativos que produce y porque solo está vigente en dos países de la UE, España y Francia, y ha sido derogado por más de 9 países de la UE en los últimos 20 años. Y si no se deroga, al menos “rebajar el tipo de gravamen del 3,5% al 1-1,5%, para que sea coherente con los tipos vigentes de interés interbancario”.

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