¿Cómo afecta la reforma de la Ley de Apoyo a Personas con discapacidad y su capacidad jurídica? ¿La reforma se ajusta a la realidad con la que se encuentran los afectados y los profesionales implicados? Son algunas de las preguntas que se han planeado en la primera sesión de las Jornadas sobre “La reforma de la legislación civil y procesal en materia de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, Ley 8/2021 de 2 de junio”, organizadas por la Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

Una ley que entró en vigor en el mes de septiembre y que en este tiempo han surgido muchas dudas, a la vez que ha despertado algo de recelo entre los agentes implicados, desde abogados, fiscales o notarios hasta jueces y las propias asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. En torno a 120 profesionales de estos ámbitos se han dado cita en esta primera jornada.

En su intervención, la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Sofía de Salas Murillo ha puesto sobre la mesa los aspectos que se contemplan en el código civil, recalcando que en Aragón está vigente el Derecho Foral Aragonés, por lo que su aplicación difiere en algunos aspectos. Tema que abordará en la sesión de mañana la profesora de la Universidad de Zaragoza, Mª Victoria Mayor del Hoyo.

Por lo demás, Sofía de Salas Murillo ha indicado que, atendiendo al nuevo texto, “la idea estrella es el carácter asistencial, en el sentido de cooperación, de acompañamiento y no sólo de la emisión de voluntad sino en todo el proceso de toma de decisiones. Para que sea la persona quien las tome y no un tercero”, a lo que ha añadido que la norma si estable que “sólo en casos excepciones y cunado de ninguna forma se pueda y tras saber hecho un esfuerzo considerado, si no es posible que la persona pueda determinar sus deseos y preferencias, sólo entonces se pueden atribuir a una tercera persona las funciones representativas”. Unas funciones que deberán estar muy bien delimitados.

En esta mesa, moderada por la abogada del Reicaz Cristina Chárlez, no sólo se ha disertado de cómo quedan las medidas voluntarias, la guarda de hecho, desaparición de la prórroga y rehabilitación de la autoridad familiar, la curatela y defensor judicial, sino que la fiscal Marta Sánchez Fernández se ha hecho eco de cómo la reforma de esta Ley 8/2021 de 2 de junio ha afectado a la praxis y a la intervención del Ministerio Fiscal.

Los asistentes han participado también tras la mesa redonda en la que han los agentes y operadores jurídicos implicados en la nueva regulación: el notario Tomás García Cano, la magistrada Vanesa Ávaro Bernal, el trabajador social Raúl Torres Carrillo y la abogada Marta Gil Galindo.