El incremento desorbitado de los costes de producción, la huelga de transportes y la invasión de Ucrania han alterado en muy poco tiempo un sector ya de por sí tensionado y que afronta un nuevo y complejo marco regulatorio. Así lo han explicado ayer, jueves, los participantes en la sesión inaugural del I Congreso Jurídico del Sector Agroalimentario, que reúne a más de un centenar de expertos en el Colegio de Abogados de Madrid para analizar las realidades jurídicas que más inquietan a un sector que representa cerca del 11% del PIB español.
La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Paloma García-Galán, han participado en el acto de inauguración junto al decano José María Alonso y al presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del ICAM, Manuel Lamela.
“Este Congreso va a suponer un punto de encuentro sin precedentes para el intercambio de conocimientos en materia agroalimentaria desde una perspectiva jurídica, estamos seguros de que vendrá a constituirse como un auténtico referente para abordar cuestiones que en la actualidad son de mayor interés para este sector”, ha señalado Alonso.
A lo largo de 9 sesiones, ha adelantado el decano, juristas con una dilatada y reconocida trayectoria profesional en esta materia, junto con los actores y técnicos que intervienen activamente en la actividad agroalimentaria y los propios gestores en el seno de la Administración, abordarán cuestiones de actualidad en el sector como la Ley de la cadena alimentaria, las regulaciones en torno a la sostenibilidad medioambiental o el desarrollo reglamentario que será preciso implementar como consecuencia de la reforma de la Política Agrícola Común.
“Nos enfrentamos en muy poco tiempo a un nuevo marco jurídico que genera incertidumbres y dudas, y esperemos que no muchos litigios y controversias”, ha explicado Lamela. “Tenemos sobre la mesa un anteproyecto de ley que va a regular el sistema de gestión de la nueva PAC, y nos han anunciado nada menos que 19 reales decretos que a su vez tendrán que desarrollar las CCAA, con todo lo que eso supone, todo ello aplicado en un periodo corto, a un sector tan complejo y en una coyuntura como la actual”, ha añadido.
Según ha anunciado el presidente de la Sección de Derecho Agroalimentario del ICAM, impulsora del Congreso, el objetivo de este evento que “nace con vocación de permanencia” es aportar “nuestro granito de arena” para ayudar a la mejora normativa y contribuir a la menor conflictividad litigiosa en el sector. Para ello, al finalizar el encuentro se darán a conocer las conclusiones del mismo.
Invasión de Ucrania
Por su parte, la Consejera de Agricultura de la Comunidad de Madrid se ha referido al Congreso como el inicio de “una andadura inteligente y necesaria para el sector agroalimentario y la comunidad jurídica” que llega en un momento oportuno, cuando hay un debate abierto sobre el suministro, la dependencia de las exportaciones y la exploración de mercados alternativos. “En solo unos meses”, ha recordado, el sector agroalimentario se ha visto alterado por 3 factores: el incremento desorbitado de los costes de producción, la huelga de transportistas y la invasión de Ucrania, todo ello después de una pandemia en la que se han producido desajustes entre oferta y demanda.
Respecto al impacto que la guerra pueda tener en el sector agroalimentario español, Paloma Martín ha revelado que no se prevén problemas de suministro. “La invasión de Ucrania debe preocuparnos por muchos motivos, pero no por el desabastecimiento”, ha recalcado. En el caso del maíz, existen mercados alternativos al ucraniano, del que proceden el 22% de las 2,7 millones de toneladas importadas anualmente de este producto, como Argentina o Estados Unidos. “No es un problema encontrar un mercado alternativo, la dificultad está en los permisos de importación”, ha precisado la Consejera. En el caso del aceite girasol, cuyas importaciones proceden en un 80% de Ucrania, encontrar un mercado alternativo sí tiene complicaciones.
En cuanto a la huelga de transportes, según ha explicado sus efectos se están notando ya en industrias como la láctea o la de la aceituna, que están frenando su actividad, bien por la dificultad para distribuir alimentos o porque no reciben a tiempo el suministro para elaborar sus productos. Asimismo, la huelga está afectando a Mercamadrid, que lleva dos días recibiendo la mitad de la mercancía en algunos productos.
Por otra parte, Martín ha señalado que “el Gobierno regional apoya con firmeza al sector agroalimentario madrileño, un ámbito estratégico que ha demostrado su capacidad de reacción y compromiso en los peores momentos de la pandemia por COVID-19, manteniendo los suministros e incluso aumentado las exportaciones”.
En su discurso, la consejera ha mencionado también al Plan Terra, un documento estratégico impulsado por el Ejecutivo madrileño y dotado con 100 millones de euros, que incluye medidas muy demandadas en este ámbito y que se han puesto en marcha ya, como los procesos de concentración parcelaria o la inversión de 750.000 euros para consolidar y mejorar los regadíos, que contribuyen a la profesionalización y rentabilidad de las explotaciones.
Este proyecto, según ha ampliado, también recoge actuaciones dirigidas a la liberalización y eliminación de la burocracia, como el adelanto de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), que moviliza 17 millones de euros para más de 6.100 profesionales; el acceso a la financiación a través de Avalmadrid, o el impulso de los seguros agrarios, entre otras.
Programa del Congreso
El programa del Congreso está dividido en tres grandes bloques. En el primero, el enfoque estará puesto en la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya reforma ha establecido importantes novedades y, en algunos casos, está generando incertidumbres de cara a su correcta implementación. El segundo bloque contiene una aproximación a los aspectos vinculados a la sostenibilidad medioambiental y su correspondiente encaje normativo en la actividad agroalimentaria. Finalmente, la puesta en marcha de la nueva Política Agrícola Común (PAC) y su aplicación en todo el territorio nacional, será el eje principal del tercer y último bloque.
Para abordar todas estas cuestiones, el programa cuenta con un nutrido grupo de autoridades y expertos de reconocido prestigio, tanto en el ámbito de la gestión agroalimentaria como en el área legal y de tomas de decisión en este sector, de carácter nacional y europeo.
Entre otros, intervendrán en el Congreso el director general del servicio jurídico de la Comisión Europea, Daniel Calleja, que tratará la complejidad y casuística del derecho agroalimentario europeo; el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla y León, Francisco Martínez Arroyo, o el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Jesús Julio Carnero, que explicarán el nuevo marco reglamentario derivado de la reforma de la PAC.