La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró (ICAMAT), Maria Pastor
La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró (ICAMAT), Maria Pastor, ha comparecido el pasado jueves, 21 de abril, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exponer las carencias de la ley española a la hora de actuar con celeridad frente a las ocupaciones ilegales de inmuebles.
Como representante de la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Consejo de la Abogacía de Cataluña (CICAC), ratificada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pastor ha expuesto que la actual legislación procesal no dispone de instrumentos para que el propietario de una vivienda ocupada pueda recuperar la posesión del inmueble de forma rápida y eficaz como sí ocurre en otros países de la Unión Europea.
Pastor ha expuesto que la Comisión de Normativa ha preparado una propuesta de modificación legislativa de la LECriminal que sugiere la incorporación de un artículo 544 sexies en los casos en que se conozca un delito de ocupación del artículo 245 del Código Penal para que se adopte por parte del juez la medida cautelar de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición, así como una modificación del artículo 13 del mismo cuerpo legal a fin de proteger de inmediato los derechos de las víctimas en la comprobación del delito e identificación del delincuente.
“Las ocupaciones ilegales crean un estado de alarma y temor a los ciudadanos y generan inestabilidad social, económica y jurídica, además de suponer una vulneración de la protección de la propiedad. Por eso pedimos también reforzar las garantías procesales de las actuaciones que puedan derivarse del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal”, explica Maria Pastor, decana del ICAMAT.
En esta línea, para que los ayuntamientos puedan tener instrumentos para intervenir contra los efectos perjudiciales a la seguridad y convivencia ciudadana, también se propone la modificación en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en introducir una adición en los casos de ocupación ilegal de inmuebles en el artículo 25.2, que determina el listado de las materias sobre las que el municipio ostenta competencias propias.
La decana ha puesto de ejemplo la situación de la ciudad de Mataró, que sufre 2,6 ocupaciones ilegales cada día según datos del Ayuntamiento. Un escenario que se repite en muchas ciudades españolas.
“He solicitado al Parlamento Europeo que ponga en marcha una investigación para constatar las diferentes vulneraciones de los derechos fundamentales. Pedimos que visiten el estado y las comunidades autónomas, ciudades como Mataró u otras localidades que sean ejemplo de esta problemática y que se entrevisten con las organizaciones civiles y profesionales necesarios para realizar un informe que contribuya a la adopción de una estrategia que incluya medidas más eficaces”, añade Pastor.
La voluntad es que la Comisión eleve al debate parlamentario las conclusiones del informe para forzar las acciones correctoras que se estimen oportunas.
