Cecilia Monzón

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de la Abogacía de Catalunya, se suma al pésame de la comunidad internacional por el asesinato de la abogada mexicana y activista por los derechos de las mujeres Cecilia Monzón. El Consell expresa su más enérgico rechazo a este cruel y reprobable acto, que supone una flagrante violación de los derechos humanos.

Cecilia Monzón, abogada, activista y feminista, era conocida por sus actividades relacionadas con la política así como por su actividad profesional de abogada que dedicaba a defender casos de mujeres que sufrían situación de violencia o abuso, tales como agresiones físicas o demandas por pensiones alimentarias. También era conocida por denunciar las omisiones del sistema penal y las irregularidades del sistema judicial mexicano.

El Consell de l’Advocacia Catalana condena firmemente este brutal asesinato, que tuvo lugar el sábado, a tiros, mientras se desplazaba con su camioneta por el municipio mexicano de San Pedro Cholula, así como todos los casos que suponen una violación de derechos de las abogadas y abogados en el ejercicio de su profesión y las situaciones de amenazas y atentados contra su integridad física o sus bienes a causa de ejercer la abogacía.

Asimismo, pide urgentemente a las autoridades mexicanas la aplicación de los Principios básicos sobre el papel de los Abogados, adoptados por el 8º Congreso de la ONU sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente realizado en La Habana en 1990 que establecen, de acuerdo con las garantías vinculadas a la abogacía, que los poderes públicos deben velar para que abogadas y abogados puedan cumplir todas sus funciones profesionales sin obstáculos, intimidación, injerencia indebida y que reciban protección cuando su seguridad se vea amenazada en ejercicio de sus funciones profesionales.

La Abogacía Catalana, en memoria y homenaje a Cecilia Monzón, solicita a las autoridades catalanas, españolas y europeas, el máximo apoyo a este comunicado y exhorta a las autoridades mexicanas que acometan todas las acciones que sean necesarias para acabar con esta situación de desprotección de los abogados y abogadas a la hora de ejercer la defensa de las personas. Al mismo tiempo, insta a la comunidad internacional a destacar observadores internacionales sobre el terreno para comprobar que se dan las mínimas condiciones de seguridad para los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su profesión.