Eugenio Ribón
El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid se ha dirigido a los líderes de los sindicatos de Justicia convocantes de la huelga indefinida que tiene paralizado al sector para pedirles un ejercicio de responsabilidad tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno de su intención de aprobar en el Consejo de Ministros de mañana la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas.
“La huelga en Justicia está causando un daño irreparable a los profesionales y a los justiciables, ciudadanos y empresas. Les pido a los sindicatos que desconvoquen de forma inmediata estos paros asumiendo que el actual contexto político no permite vislumbrar un fin cercano de este conflicto”, ha señalado Eugenio Ribón.
El Decano del ICAM pide a los sindicatos en su escrito que actúen con responsabilidad y acorde a la nueva situación política:
“Un Gobierno en funciones, y con unas elecciones generales inminentes tiene una capacidad de actuación muy limitada y no es esperable que pueda asumir compromisos como los que reclaman los sindicatos de Justicia. Por ello, les pido responsabilidad y realismo y no mantener indefinidamente una huelga que está afectando a derechos fundamentales como el derecho de defensa y a la tutela judicial, además de costes económicos muy graves”.
Según los datos registrados por Defensa de la Abogacía ICAM, desde el inicio de la huelga el 17 de abril se han suspendido en Madrid más de 5.000 señalamientos. Sumados a las más de 12.000 suspensiones provocadas por los paros realizados anteriormente por los Letrados de la Administración de Justicia, la cifra de vistas suspendidas en la región como consecuencia de ambos conflictos alcanza las 18.000.
Por otro lado, el Decano del ICAM ha lamentado que esta convocatoria anticipada de elecciones y disolución de las Cámaras interrumpa la tramitación de normas de calado, y que podrían suponer mejoras para la abogacía, como la Ley del Derecho de Defensa o los tres proyectos de Ley que sustentan desde el punto de vista normativo el plan gubernamental para modernizar la Justicia: la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Procesal.
