Los programas electorales: derecho, ética y política

Publicado el jueves, 23 noviembre 2023

Miguel Yaben Peral, Col. Icam.  54.655, ICA. Oviedo. 3764, Diplomado en Derecho Constitucional

Miguel Yaben Peral

Miguel Yaben Peral

El Estado a través del Presidente de Gobierno pide perdón a Puigdemont y éste le perdona a cambio de que abjure de todo lo que hasta ahora ha dicho. Y que la justicia se arrodille y le aclame y reverencie como un adalid de la libertad frente el opresor.   Se llega a un pacto diabólico y esperpéntico en el que no es fácil identificar al diablo, pero si vaticinar que más pronto que tarde uno abandonará al otro porque no son gente fiable.  Y sobre todo por lo caro “que me están resultando tus furtos e tus presas “ (Arzipreste de Hita). Nuestro particular y maquiavélico Principe nos vuelve a recordar con su comportamiento que nunca se “debe observar la fé jurada cuando semejante obsevancia vaya en contra de tus intereres..”.    Desde luego, siguiendo el relato clásico, es difícil encontrar a un hombre que con tanto desparpajo hiciera tantos juramentos y promesas electorales sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, y más tarde repudiarlos, para según dice, hacer de la necesidad (permanecer en la Moncloa) virtud (desconocida) sabiendo como sabe que siempre encontrará a un sector que quiere y se deja engañar, aunque se les diga que los burros vuelan.

La democracia hemos de entenderla como un “proceso en marcha permanente” siempre hacia adelante.  Pero incluso si  fueramos “marcha atrás” y nos remontáramos a quienes la  inventaron, nos encontraríamos con que los grandes filósofos de la época (Aristóteles entre ellos) nos decían que  todos aquellos que aspiren a ejercer cargos públicos deben pasar primero por el filtro o la criba  de la ética.  Desde la razón es difícil justificar que la mentira y el engaño puedan o deban forman parte -como desgraciadamente forman- de la ética deontológica política de muchos de nuestros líderes.

Sin ocultar mis preferencias   por la persona antes que por el Estado, quiero dejar meridianamente claro que en éste artículo crítico, no se analizan, ni se defienden ni se atacan los legítimos antagonismos de los distintos sistemas que propugnan los distintos Partidos. Lo que se critica, dicho sea de manera simple y radical es el engaño y la mentira.

La ética y la política han de ser inescindibles.  Yo no sostengo que el político sea un sujeto con moral. Ni siquiera que deba tenerla. Pero si no la tiene, debe presentarse como un amoral para que los electores podamos votarle o no. Y lo digo a propósito de los Programas Electorales

Los Partidos Políticos, y el PSOE de forma expresa, en las sucesivas comparecencias electorales, nos han dicho hasta la saciedad -para pedir el voto- que la política no es única; que hay distintas formas de enfocarla; que hay distintos modos de aplicarla. Que hay en suma distintos valores y principios sobre los que fundamentarla.

Y eso que es verdad, nos lleva forzosamente a preguntarnos sobre el valor jurídico de la promesa electoral que se contiene en los Programas con los que comparecen los Partidos Políticos. Lo prometido es deuda reza el dicho popular.  Los Quijotes políticos, para conseguir el voto, prometen a los Sanchos electores una   ínsula de felicidad igualitaria en la que, por lo que a éste artículo importa, jamás sería posible la amnistía   de aquellos que pretendieron y siguen pretendiendo la secesión unilateral. 

La cuestión no es si los catalanes, los vascos, o el posible cantón de Cartagena quieren o no la independencia.  La cuestión es si las promesas mutuas -yo te amnistió y tú me haces Presidente- son incompatibles en cuanto contrarias y desvinculadas  del Programa  ofrecido. La cuestión en definitiva, pivota en torno a si es admisible el cinismo y el engaño para conseguir el fin, o por el contrario, el Programa debe ser  un vínculo jurídico infranqueable.

En nuestra novela más universal leemos “… ¿qué te parece a ti que debo yo de hacer ahora cerca de lo que mi señora me manda que la vaya a ver? Que, aunque yo veo que estoy obligado a cumplir su mandamiento, véome también imposibilitado del don que he prometido a la princesa que con nosotros viene, y fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes que mi gusto…”.

La respuesta es categórica:   Nuestro ordenamiento jurídico no contempla la más mínima o remota posibilidad de atribuir vínculos jurídicos obligacionales a los Programas Electorales.  Por consiguiente cualquier acción judicial del elector estafado por el incumplimiento -aunque sea grosero como lo es – , estará irremisiblemente destinada al fracaso.  Y además, cualquier ilusoria posibilidad, sería jurídicamente insuperable, entre otras cosas por la imposibilidad de invocar la legitimación  activa dado que el voto es secreto.  Sin embargo, el art. 67 de la Constitución dispone que “.. los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo”.   Son, como ha dicho el Tribunal Constitucional (S.119/1990) “..representantes del pueblo español considerado como unidad..”.. , si bien  es cierto que también ha declarado el Alto Tribunal  “.. .. pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito...”.   En éste contexto de inexistencia de mandato imperativo, es francamente difícil entender y mucho menos defender  la disciplina de voto que  manu militari   imponen los Partidos Políticos (bajo pena de exclusión en las  próximas listas) de aquellos Diputados o Senadores que frente a una deriva substancial,  tengan la tentación de lealtad o fidelidad a los  principios  o compromisos adquiridos con el electorado.  Y desde luego ad cautelam, no es admisible ni tiene el menor rigor ético o jurídico, oponer el manido y laxo  concepto de “transfuguismo” para  pulverizar  el ius in oficcium  del político que sin abandonar su Partido (no es tránsfuga)   opta por la lealtad a la palabra dada en lugar de someterse con disciplina a una desviación que en su opinión ofende a su propia dignidad.

Queda lejos aquella proclama de PODEMOS (antes de tocar poder) cuando recibía las consignas desde determinadas Aulas universitarias, en las que  planteaba la creación de instrumentos jurídicos para que en los casos de incumplimientos manifiestos de  los programas electorales  constatados por una Comisión constituida en el Congreso, daría lugar a un proceso revocatorio  y a la convocatoria de nuevas elecciones.  Lejos queda también aquella Propuesta de Modificación de la Ley de Partidos Políticos (Programa Electoral del PSOE de 2015) por la que se comprometía a “…considerar los programas electorales como un compromiso vinculante con la ciudadanía de los cuales habrá que rendir cuentas para cuya garantía adoptaremos las medidas oportunas…”.

Los Partidos, bien lo sabemos, usan y abusan de la mentira como comportamiento patológico para enmascarar el incumplimiento de su Programas. Siempre será posible justificarlo a través del rebus sic stantibus. O desde luego invocar el interés general de España, como bálsamo de fierabrás que tiene,  naturalmente,  el poder mágico de sanar cualquier incumplimiento en el que haya podido incurrir el político desleal con su programa , con sus electores y con su propia dignidad.

Así las cosas, sólo nos queda hablar de dignidad, de ética y de política lo cual nos llevaría a discusiones interminables. Para evitarlo, y  habida cuenta  de que  lo  que en definitiva se plantea en ésta crítica  es el inmoral comportamiento   de un Político o de su Partido que ha engañado y utilizado a los  electores como  instrumentos al servicio de unos fines personales,  y puesto que de manera permanente y retórica se habla de “Gobierno progresista”, me permito invocar frente a ellos la autoridad  del ilustre jurista y filósofo  socialista   D. Gregorio Peces Barba,  que mantenía que “…el progreso será moral o no será..”.   Y en la misma dirección, el no menos ilustre Catedrático de Derecho (y referente intelectual del PSOE, a quien tuve la fortuna de conocer) Elías Díaz en el sentido de que el deber moral, a través de la razón, de la emotividad o de la conciencia  “..se impone a si mismo”.    Finalmente invocar a Albert Camus “..Se trata de estar al servicio de la dignidad del hombre con métodos que sigan siendo dignos en medio de una historia que no lo es.”.

Ante el desprestigio de la política y de los políticos, es urgente exigir el juego limpio por elemental respeto a su propia dignidad y sobre todo a la dignidad de los ciudadanos. Es nada más y nada menos que un prius    que se constituye en fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 de la Constitución). Se ha de recordar al “criticado” que el objeto de la política, no puede, no debe ser en ningún caso, el mantenimiento del poder a cualquier precio y a costa de los principios que inspiran y legitiman ese poder.  Que la prohibición del engaño, el fraude y la mentira son imperativos categóricos éticos infranqueables.   Recuperar la ética pública es urgente.  El Principe “no ha de hacer más que vivir y sostenerse en su Estado”, es una máxima maquiavélica que repugna a un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro. Concluyo reproduciendo la pregunta de la catilinaria histórica contra  engaños y maquinaciones, en definitiva  frente    al abuso despótico del poder  ¿Quousque tándem abutere patientia nostra?.   Hasta aquí.  Ya no más.

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2 Comentarios sobre este articulo. Comenta tu primero.

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    SANTOS DE JUAN 23 noviembre, 2023 a las 15:24 - Reply

    Estoy totalmente de acuerdo, con lo expresado en este artículo.

  2. Avatar
    F. Ayuso Martinez 23 noviembre, 2023 a las 16:44 - Reply

    Irreprochable argumento, de la politica que nos infecta de un sectarismo impropio de sus postulados, o yo o nadie.

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