La participación del menor en el proceso judicial

Publicado el miércoles, 13 diciembre 2023

Carmen Jimenez Adán, AMAFI

Camen Jimenez Adan y Joaquin Delgado

El pasado 28 de septiembre asistimos a la brillante ponencia del Magistrado Joaquín Delgado ofrecido por la Asociación Madrileña de Abogacía de Familia e Infancia (AMAFI) en colaboración con la Asociación por el mejor interés del menor (CEMIN).

Joaquín Delgado Martín es Magistrado de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) y coordinador del Libro “La participación del menor en el proceso judicial”, texto que realiza un análisis de los principales aspectos relacionados con la intervención de los menores en el marco del proceso judicial, así como las novedades introducidas por la LO 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Joaquín Delgado Martín abrió su intervención con una frase de Nelson Mandela (símbolo de la lucha contra la discriminación y la justicia social) “JUSTICIA PARA TODOS “, partiendo de la importancia de la existencia de una Justicia igualitaria para todos, y lanzó a modo de reflexión las siguientes interrogantes:

1.- ¿Por qué es Importante garantizar la tutela judicial efectiva del menor en los Tribunales?

2.- ¿Cómo se garantiza esa tutela?

3.- ¿Qué nos aporta las reglas de Brasilia?

4.- ¿Cuál es su futuro?

Una vez sentada la premisa de los fundamentos sobre los que se asienta la necesidad de una especial protección de los menores cuando estos intervienen de algún modo en las actuaciones procesales respondía a las anteriores preguntas. Por su nivel de desarrollo biológico, psicoafectivo y cognitivo, los menores requieren de una especial protección, necesidad que se intensifica si a tal condición se añaden otros factores de vulnerabilidad; Migrantes, víctimas de un delito, discapacitados, etc…

La Justicia tiene una importancia decisiva en todos los Objetivos de desarrollo sostenible dictados por la ONU en 2015. No basta con que la legislación reconozca derechos, sino que, además, es necesario crear mecanismos que permitan su efectividad para su cumplimiento y respeto. A modo de ejemplo, señaló el Objetivo 1.- Fin de la Pobreza. Objetivo 5: Igualdad entre géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas; Objetivo 10; Reducir la desigualdad entre países y por Antonomasia el Objetivo 16: Promover la Paz, la Justicia y las Instituciones Sólidas.

Asimismo, remarcó la importancia en este aspecto de las Reglas de Brasilia, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en Brasilia en marzo de 2008 y que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Mencionó entre otras la regla 3ª que identifica a las personas con vulnerabilidad como aquellas cuya capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no está desarrollado o se encuentra limitado por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de Justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, constituyendo factores de dichas causas ; la edad, la discapacidad; la migración, el género, la privación de libertad….  entre otras.

Respondiendo a la primera de las preguntas planteadas al inicio de su intervención:

¿Por qué es importante garantizar la tutela judicial efectiva del menor en los Tribunales? Subraya una reflexión esencial “Poca utilidad tiene que el Estado reconozca derechos si el titular de este no puede acceder de forma efectiva al sistema judicial para obtener la tutela de tal derecho”. La efectividad de dicha tutela judicial, es decir, el derecho a un recurso efectivo frente a la violación de un derecho reconocido se encuentra recogida en la normativa y jurisprudencia internacional. Con reseña del Art. 13 CEDH, el art. 47 Carta Derechos UE; TJUE (principio de efectividad); STJUE 17 de julio de 2014 (Sánchez y otra contra BBVA) o el Consejo de Europa: TEDH (Yarashoven v. Turquía de 20 de marzo de 2008); el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sentencia CIDH de 4 de julio de 2006 (caso Ximenez Lopes vs. Brasil): “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007).

¿Cómo se garantiza esa tutela judicial efectiva a los menores de edad? En concreto, la especial tutela de los menores en los procesos judiciales, se garantiza con la evitación o mitigación de los efectos negativos que el contacto con el sistema judicial puede desplegar sobre los menores, aplicando sin recortes los siguientes criterios o principios inspiradores:

  • El principio del interés superior del menor. Derecho del menor a que su interés superior, sea una consideración que prime al sopesar distintos intereses en la decisión de una cuestión que le afecta.
  • El derecho del menor a ser oído en el proceso, así como a expresar sus opiniones.
  • Recibir un trato adaptado a su edad y desarrollo integral. Todos los actos judiciales con el menor deben realizarse en un espacio amigable, utilizando un lenguaje sencillo y apropiado a su edad y nivel de comprensión, evitando formalismos innecesarios y adaptado a sus ritmos y capacidad de atención. A los menores se les debe permitir estar acompañados en la medida de los posible y las entrevistas deberían ser conducidas por profesionales capacitados.
  • Preconstitución de la prueba, grabación y cámaras Gesell para evitar la reiteración de sus declaraciones.

Parece por tanto necesario humanizar la justicia, adoptar en nuestro país un procedimiento amigable adaptado a las necesidades de los menores para la cual el Magistrado expuso los tres elementos a su entender necesarios:

1.- Dotar a las Administraciones de medios técnicos suficientes, especialmente de las cámaras Gesell.

2.- Establecer protocolos que impulsen la preconstitución y grabación de las declaraciones de los menores en el proceso judicial.

3.- Impulsar la especialización y sensibilización de Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y operadores jurídicos, así como los Agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Por lo tanto, razona que la tutela de los derechos del menor en su participación en el proceso judicial abarcaría 4 ámbitos:

1º INFORMACION. – La información debe proporcionarse de una forma que se corresponda con su condición, de manera que pueda comprenderla y entienda su sentido, alcance y efectos. Debe ser una información completa, que comprenda la totalidad de los aspectos esenciales del proceso, sencilla, veraz, y que abarque desde el inicio y hasta el final del proceso.

2º.- LA COMPRENSIÓN DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES.

Distinguiendo entre las actuaciones judiciales escritas y las orales.

En las escritas usando términos gramaticales simples, de fácil comprensión y evitando las expresiones intimidatorias.

En las orales, implementando los mecanismos necesarios para que el menor comprenda los juicios, las vistas, las comparecencias y el resto de las intervenciones judiciales orales de las que sea participe.

3º ACCESIBILIDAD

Para lograr la integración plena, es necesario un entorno social y físico sin barreras físicas.

Reglas de Brasilia (77): Se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá la eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas, de información, comunicación y actitudinales facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios judiciales

4º TRATO ADECUADO

De información: Ofrecer al menor la información previa necesaria destinada a eliminar toda la incertidumbre implícita en toda actuación judicial.

De asistencia: Proporcionar la ayuda necesaria para afrontar adecuadamente su participación en el proceso previo al acto judicial; Asistencia profesional especializada (Psicólogos, intérpretes, etc). Permitir la presencia de un profesional que contribuya a garantizar sus derechos, así como un referente emocional del menor durante el acto judicial.

De Dignidad: Toda actuación judicial debe realizarse con pleno respeto a la dignidad de las personas intervinientes.

De Seguridad:  Asegurar la protección efectiva durante toda la tramitación del proceso en un clima distendido, sin que su intervención suponga ningún riesgo, con especial atención a aquellos menores de edad victimas de abuso sexual o malos tratos.

Como conclusión de su brillante exposición y ante una temática tan apasionante, D. Joaquín Delgado Martín expuso la necesidad de garantizar un proceso amigable y adaptado a las necesidades de los menores, exigencia que afecta no solo a los  responsables del sistema judicial promoviendo el desarrollo de políticas públicas que, dotadas de suficientes medios, garanticen el pleno respeto de los menores en el proceso judicial, sino también a todos los servidores y operadores del sistema judicial ( Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, etc) para que las apliquen y  otorguen a los menores el trato adecuado que por sus singulares circunstancias precisan..

Gracias Magistrado por su magnífica exposición y gracias AMAFI y CEMIN por hacerla posible  Carmen Jimenez Adán

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