Rubén Rivas, Socio y encargado del Departamento de Resolución de Conflictos de la firma Torres Legal. Abogado y Notario autorizado por la República de El Salvador.
La exposición que han tenido últimamente la inteligencia artificial y la automatización de documentos ha generado una gran incógnita sobre el rol que tendrán los abogados en las próximas décadas. Algunas predicciones son, incluso, más radicales y se proyectan un par de años más adelante. Se ha discutido mucho sobre la forma en que el ejercicio de la abogacía evolucionará e incluso se habla de la posibilidad de que los abogados sean cada vez menos necesarios y se extingan, eventualmente. Desde luego, tal pronóstico parte de una aspiración de minimizar el error y el sesgo en la administración de justicia.
¿Quién no se ha quejado alguna vez de un criterio judicial errático, de los prejuicios que afectaron la credibilidad de un testigo clave o de injerencias indebidas en la administración de justicia? Para los usuarios del Órgano Judicial, es decir todo aquel ciudadano que necesite defender sus derechos frente a cualquier abuso o arbitrariedad, es un ideal que juzgar un caso implique una labor tan fácil como ingresar las variables en una fórmula preestablecida. Los juicios fueran más transparentes, precisos, ágiles, y, en el mejor de los escenarios, entendibles para los directamente involucrados materialmente en la controversia a resolver.
Ahora, para entender cómo serán los juicios del futuro, debemos partir de que los abogados generalmente son intermediarios en las transacciones de las personas. Así, por ejemplo, asesoran a las personas que van a iniciar una relación de negocios, documentan los acuerdos alcanzados, asesoran en la realización de trámites administrativos o ayudan a resolver controversias. En consecuencia, al futuro de la gestión de los procesos judiciales dependerá del futuro de las transacciones e intercambios del mercado. En ese horizonte, se observa una tendencia a la digitalización y desmaterialización de las transacciones.
Es decir, más allá del simple intercambio de bienes materiales como alimentos o materias primas, las operaciones comerciales se han venido sofisticando más allá del esquema de comprar y vender. Pensemos, por ejemplo, en los servicios intangibles involucrados en la cadena de valor de los artículos deportivos, como marketing, diseño, publicidad, logística. Una gran cantidad de proveedores se relacionan con el productor, para que el consumidor desee adquirir esos bienes y, finalmente, estos últimos lleguen a sus manos. Lo anterior muestra lo intrincado e interrelacionado que se vuelven las relaciones jurídicas, así como los retos que enfrentarán quienes se dediquen a la resolución de controversias.
En consecuencia, parece que la transformación más evidente y superficial consiste en que los Abogados deberán conocer cada vez más sobre la realidad no jurídica en la que operan. Dedicarse a resolver controversias implicará adoptar con mayor frecuencia un enfoque multidisciplinario. Este reto no es exclusivo de los litigantes, sino de todas las personas involucradas en la gestión del litigio, como jueces, colaboradores judiciales, secretarios de actuaciones, peritos o fiscales. Ese cambio no es tan sorpresivo. Basta con observar la aplicación de criterios y técnicas especiales en el Derecho de Familia que tienden a garantizar el bienestar de los niños involucrados en procesos de divorcio.
Por otro lado, la inteligencia artificial, la automatización de documentos y las bases de datos volverán cada vez más sencillas las labores monótonas de procesar la información del caso y plasmarla en una demanda. Al menos de momento, no se ve un horizonte cercano en el que esas herramientas sustituyan al ser humano. Lo anterior se debe a que la tecnología subyacente en estas herramientas es muy buena para facilitar el trabajo mecánico involucrado en la gestión de un litigio que, actualmente, es significativo, pues permite decidir cuál es el derecho aplicable y conocer cuáles son los criterios comúnmente adoptados por los Juzgados en torno a ese derecho.
Muestra de ello es la plataforma Kleros que ha sido utilizada para decidir sobre un incumplimiento de pago a un banco por parte de varios deudores o para definir qué le corresponde pagar a la aseguradora y que no. Sin embargo, ese componente de verificación es el menor de los problemas en un juicio. La información sobre la correcta interpretación de la ley es cada vez accesible y sistematizada, por lo cual es relativamente fácil decir qué ley aplica y cuál es el resultado que debería obtenerse frente a ciertos hechos. Lo que se irá volviendo cada vez complejo es acreditarlos.
Uno de los mitos más comunes en el oficio de resolver conflictos es que los casos judiciales involucran extensas discusiones filosóficas sobre el verdadero sentido de la ley, pero la realidad es que mucho del trabajo está orientado a establecer (y convencer) sobre lo realmente ocurrido en el caso. Ese es justo el trabajo que, por el momento, no es capaz de hacer la informática. En conclusión, la parte de identificar la regla aplicable a los casos judiciales se volverá algo más sencilla, pero administrar justicia de calidad requerirá de profesionales más empapados de otros conocimientos no tan jurídicos y de habilidades de comunicación que faciliten entender los hechos sobre los cuales se aplicará la ley.
