La XIII Jornada de Arbitraje Inmobiliario, organizada por el Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid y en la que participó ayer el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPIMADRID – AIM)
La derogación del Real Decreto ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán y con ella la derogación de las prórrogas extraordinarias que contemplaba en los contratos de alquiler de vivienda habitual, encuentra la solución en el arbitraje como alternativa a la vía judicial en el escenario de confrontación que se ha creado entre inquilinos y propietarios.
Ésta es una de las principales conclusiones de la XIII Jornada de Arbitraje Inmobiliario, organizada por el Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid y en la que participó ayer el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPIMADRID – AIM).
José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que inauguró la jornada, destacó que el Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, en funcionamiento desde 2008, “ha abierto camino y ha permitido demostrar que se puede generar un mercado de vivienda sano en un entorno de seguridad jurídica”.
Según explicó Jaime Cabrero García, Presidente de COAPIMADRID – AIM, “la situación creada por la derogación de las prórrogas del alquiler de vivienda habitual ha venido a agravar la situación de retraso en los tribunales ordinarios, marcados por la incidencia del número de lanzamientos practicados derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de las denuncias por ocupación ilegal, así como por el crecimiento de los tiempos de duración de los procedimientos judiciales directamente relacionados con el alquiler y la ocupación ilegal”.
En este contexto, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, la duración de los procedimientos verbales arrendaticios asciende a 22,3 meses en total, si se tiene en cuenta la tramitación en el juzgado y la apelación ante la Audiencia Provincial. En los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal la duración es mayor, alcanzando un total de 27 meses. Y en 2025 los lanzamientos practicados por los juzgados de primera instancia derivados de procedimientos de la LAU ascendieron a 18.317. Las denuncias por ocupación ilegal, según datos del Ministerio del Interior, se situaron en 14.875 en 2025.
“De esta forma, la derogación del Real Decreto Ley 8/2026 ha abierto con más fuerza la opción de utilizar el arbitraje como medio alternativo para solucionar los conflictos. Es más económico, ahorra tiempo y ofrece seguridad jurídica a las partes”, apuntó Jaime Cabrero García. En este sentido, destacó como una buena opción acudir al arbitraje del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid, entidad de la que COAPIMADRID – AIM es miembro fundador, siendo el Consejo Arbitral una garantía de seguridad para los ciudadanos por su carácter institucional.
